El Consejo de Defensa Nacional activó protocolos militares ante la tensión con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. La medida reactiva la movilización de civiles en medio de la crisis económica más grave del siglo.
El Consejo de Defensa Nacional activó protocolos militares ante la tensión con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. La medida reactiva la movilización de civiles en medio de la crisis económica más grave del siglo.
El Consejo de Defensa Nacional de Cuba aprobó el pasado sábado los planes y medidas para el tránsito al Estado de Guerra. La decisión se tomó durante las actividades del denominado Día de la Defensa Nacional y bajo la doctrina estratégica de la “Guerra de todo el Pueblo”. Esta sesión del órgano superior de dirección ocurrió en un contexto de alta fricción diplomática con el Gobierno de Estados Unidos.
La cúpula del poder en la isla, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, analizó el perfeccionamiento de los órganos de mando. Según informaron los medios estatales, el expresidente Raúl Castro se mantuvo al tanto de la reunión y calificó el proceso como eficiente. El anuncio oficial no especificó las fechas de implementación ni el alcance de las restricciones que estas medidas impondrán a la vida civil.
Esta activación del aparato militar sucedió tras la operación estadounidense en Caracas que resultó en la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. Durante dicho evento, fallecieron 32 militares cubanos que formaban parte del esquema de seguridad en Venezuela. Los restos de los uniformados fueron repatriados recientemente, lo que intensificó el discurso de confrontación por parte de las autoridades de La Habana.
La doctrina de la “Guerra de todo el Pueblo” establece la incorporación de civiles y trabajadores a tareas de combate y resistencia. Mediante simulacros de emboscadas e instalación de minas, las fuerzas armadas buscaron preparar a la población para una eventual invasión.
Sin embargo, analistas del derecho internacional señalaron que esta práctica diluye la distinción entre combatientes y no combatientes, lo cual vulnera los principios de los Convenios de Ginebra al exponer a ciudadanos a riesgos bélicos directos.
La movilización militar coincidió con un periodo de precariedad extrema en la infraestructura del país. La población cubana enfrentó apagones diarios, escasez de medicamentos y una inflación creciente.
A pesar de que el presidente Donald Trump instó a la isla a llegar a un acuerdo, el mandatario Díaz-Canel rechazó cualquier concesión política y mantuvo el uso del uniforme militar en sus apariciones públicas.
La normativa vigente en la nación reserva la declaración formal de guerra a la Asamblea Nacional del Poder Popular. No obstante, el Consejo de Defensa Nacional posee la facultad de dirigir los planes operativos en situaciones de excepcionalidad. La falta de detalles sobre los sectores económicos que serán movilizados generó incertidumbre en una sociedad ya afectada por el desabastecimiento de productos básicos.
Implementar estos planes militares abre un interrogante sobre la gestión de la crisis en el Caribe. ¿Constituye esta medida un protocolo de defensa real ante una amenaza externa o funciona como un mecanismo de cohesión política frente al colapso de sus alianzas externas? Futuras disposiciones y su evolución marcarán la estabilidad civil en la isla dentro de un escenario internacional incierto.
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