Nueva ofensiva legislativa por la reforma penal y la imputabilidad juvenil

El Gobierno impulsará un nuevo Código Penal que unifica la modernización del sistema punitivo con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. El proyecto endurece penas por narcotráfico y corrupción, priorizando medidas de reinserción para menores infractores.

Tras consolidar su posición en el Congreso con la reciente aprobación de leyes clave a finales de 2025, la administración de Javier Milei ha decidido unificar y relanzar sus proyectos de seguridad más ambiciosos en un único paquete normativo que será presentado durante la apertura de sesiones ordinarias. La estrategia del oficialismo consiste en integrar la reducción de la edad de imputabilidad —que bajaría de 16 a 14 años— dentro de la estructura del nuevo Código Penal, una pieza jurídica de más de 900 artículos que busca modernizar el sistema punitivo nacional. Aunque el debate por la edad de juzgamiento de menores ya había obtenido dictamen en comisiones el año pasado, el Gobierno optó por postergarlo ante la falta de una mayoría sólida en el recinto, un escenario que consideran revertido tras los últimos movimientos electorales y parlamentarios.

El texto definitivo del Código Penal fue perfeccionado por una junta de juristas y propone una transformación estructural en la persecución del delito. Entre las novedades más destacadas, se encuentra la incorporación de delitos ambientales, una tipificación más estricta para los robos bajo la modalidad de “motochorros” y la ampliación de la imprescriptibilidad a crímenes graves como el abuso sexual infantil, el terrorismo y el narcotráfico. A pesar de las discusiones internas en el bloque libertario, la reforma mantiene por ahora la vigencia de leyes sociales como la interrupción voluntaria del embarazo y los agravantes por violencia de género. El enfoque para los menores de edad contempla un régimen especial que, si bien permite juicios desde los 14 años para delitos de máxima gravedad, prioriza medidas de reparación del daño y asistencia social, limitando las penas de prisión a un máximo de 15 años.

Esta renovación doctrinaria ocurre en un contexto de intenso debate ideológico dentro del Ejecutivo. Recientemente, el Presidente obsequió a su gabinete la obra de Walter Block, que plantea la despenalización de actos voluntarios que no conlleven agresión física, un pilar del libertarismo. No obstante, el proyecto que llegará al Congreso se enfoca en el endurecimiento del castigo estatal para hechos de violencia y corrupción. Con el respaldo del PRO y sectores del radicalismo, la Casa Rosada confía en que este nuevo cuerpo legal, que reemplazará a la normativa vigente desde hace un siglo, se convierta en el eje de la agenda política del próximo trimestre, una vez que se agote el tratamiento de los acuerdos comerciales y las reformas laborales en curso.

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