Denuncias judiciales, jugadores separados y violencia de barras sumieron a Alianza Lima en una mega crisis
Denuncias judiciales, jugadores separados y violencia de barras sumieron a Alianza Lima en una mega crisis
El presente de Alianza Lima atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. A un grave escándalo judicial que involucra a tres futbolistas del plantel profesional se le sumó, en las últimas horas, un episodio de violencia protagonizado por barras del propio club, que agredieron a referentes históricos como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, profundizando un clima de tensión institucional, deportiva y social.
El detonante de la crisis fue la denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal presentada por una mujer argentina de 22 años contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos integrantes del primer equipo y habituales convocados a la selección peruana. Los hechos denunciados habrían ocurrido el 18 de enero en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, durante la estadía del club en Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata 2026.
De acuerdo con el relato judicial, la denunciante conocía previamente a Zambrano y, tras compartir una cena, aceptó una invitación para concurrir al hotel junto a una amiga. Según su declaración, una vez en la habitación ingresaron Trauco y Peña, momento en el que se habría producido la agresión. La joven explicó que no denunció en Uruguay por encontrarse en estado de shock y por temor, y que decidió regresar a la Argentina para formalizar la presentación judicial.
Ya en Buenos Aires, la denunciante acudió a centros de salud en San Isidro y al Hospital Muñiz, donde se realizó estudios médicos, y luego presentó la denuncia ante la Justicia argentina. También entregó la ropa utilizada esa noche, que será sometida a peritajes. La causa quedó radicada en un juzgado criminal y correccional argentino y se prevé que se active un pedido de cooperación judicial internacional, dado que los hechos denunciados habrían ocurrido en territorio uruguayo.
Frente a la gravedad del caso, Alianza Lima resolvió separar de manera indefinida del plantel profesional a los tres futbolistas involucrados, quienes tampoco participarán de actividades oficiales, incluida la Noche Blanquiazul 2026. En un comunicado, el club aseguró que colaborará con las autoridades y reafirmó su compromiso con “los valores del respeto, la disciplina y la integridad”, aunque puertas adentro reconocen que el impacto institucional es profundo.
Sin embargo, el conflicto desbordó el plano judicial. En medio del escándalo, un grupo de barrabravas irrumpió en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) para manifestar su enojo y repudio. En ese contexto, Paolo Guerrero y Luis Advíncula intentaron dialogar y calmar a los hinchas, pero terminaron siendo agredidos físicamente. Según versiones coincidentes, Advíncula fue derribado, recibió patadas en el suelo y sufrió el robo de sus zapatillas durante el ataque.
La violencia no se detuvo allí. También fue agredido Franco Navarro, exfutbolista argentino-peruano y actual director deportivo del club, lo que expuso la pérdida de control del clima interno y encendió alarmas sobre la seguridad de los protagonistas.
El episodio dejó en evidencia la fractura entre la dirigencia, el plantel y un sector de la hinchada, en un momento donde el club necesitaba señales de contención y orden. La figura de Guerrero, ídolo histórico y símbolo del fútbol peruano, quedó involuntariamente en el centro de una escena que reflejó el desgaste emocional y la desesperación del entorno.
Mientras la Justicia avanza con la investigación y el club intenta recomponer su imagen, Alianza Lima enfrenta un desafío mayúsculo: recuperar la gobernabilidad interna, garantizar el debido proceso judicial y evitar que la violencia termine de erosionar una institución golpeada. El desenlace del caso y las decisiones que tome la dirigencia en los próximos días serán clave para determinar si esta crisis marca un punto de inflexión o deja heridas difíciles de cerrar en el club más popular del Perú.
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