Donald Trump demandó a JP Morgan por 5.000 millones de dólares, alegando una clausura de cuentas motivada por sesgos ideológicos tras el asalto al Capitolio. La entidad rechaza los cargos, vinculando su decisión a protocolos de riesgo y no a políticas.
El mandatario estadounidense ha iniciado una batalla legal de gran escala contra la principal entidad bancaria de la nación y su máximo responsable, Jamie Dimon. La querella, que exige una indemnización de 5.000 millones de dólares, fue radicada en un juzgado de Florida bajo la premisa de que el banco clausuró las cuentas del dirigente de forma arbitraria y por prejuicios ideológicos tras los incidentes del Capitolio en 2021. El equipo legal del presidente sostiene que la institución financiera incurrió en difamación y vulneró acuerdos de trato justo al dejarlos sin servicios bancarios basándose en una supuesta agenda progresista y en la necesidad de alejarse de las posturas conservadoras del jefe de Estado.
Desde JP Morgan han desestimado los argumentos de la demanda, calificándolos de infundados y aclarando que las decisiones de cierre de cuentas se fundamentan estrictamente en la gestión de riesgos legales o regulatorios, ajenos a cualquier tinte político o de fe. No obstante, este litigio es el punto culminante de un enfrentamiento previo en el que Dimon criticó públicamente las presiones de la Casa Blanca sobre la autonomía de la Reserva Federal. Mientras el banquero defiende la independencia del organismo monetario para evitar la inflación, el presidente lo acusa de buscar beneficios personales mediante el mantenimiento de intereses elevados, al tiempo que intensifica su retórica contra las políticas de sostenibilidad y financiamiento selectivo de la banca tradicional.
Sindicatos y empresas agroexportadoras siguen sin acordar la paritaria aceitera ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria. Los gremios exigen elevar el sueldo inicial a 2,8 millones de pesos, rechazando la indexación mensual por inflación que ofrece la cámara empresaria.
Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
El FBI desarticuló un complot de extrema derecha para atacar con drones y francotiradores la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump. Hay cinco detenidos y la investigación continúa para capturar a más sospechosos que permanecen prófugos.
Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró probable reunirse en la capital con el rey Felipe VI de España, quien viajará al país por el Mundial de fútbol. El encuentro marcaría una distensión diplomática tras los reclamos por la Conquista.
La petrolera Repsol firmó un acuerdo con Venezuela para explorar crudo liviano en el Lago de Maracaibo. Impulsado por Delcy Rodríguez tras la flexibilización de sanciones estadounidenses, el convenio busca reactivar la producción petrolera nacional con inversión extranjera garantizada.
El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití para solidarizarse con la población ante la violencia de las pandillas. Exigió ayuda internacional urgente para frenar la crisis alimentaria y el desplazamiento masivo, mientras se despliega una nueva fuerza militar.
