El Congreso nacional iniciará febrero de 2026 con un temario amplio y cargado de definiciones políticas. El Gobierno de Javier Milei oficializó una agenda de sesiones extraordinarias que combina proyectos económicos, reformas institucionales y debates sensibles en materia de seguridad, ambiente y relaciones exteriores. En la Casa Rosada admiten que se trata de un paquete …
El Congreso nacional iniciará febrero de 2026 con un temario amplio y cargado de definiciones políticas. El Gobierno de Javier Milei oficializó una agenda de sesiones extraordinarias que combina proyectos económicos, reformas institucionales y debates sensibles en materia de seguridad, ambiente y relaciones exteriores. En la Casa Rosada admiten que se trata de un paquete legislativo “ambicioso”, mientras que los gobernadores comienzan a jugar un rol decisivo en varias discusiones clave.
Entre los ejes principales aparece la reforma laboral, uno de los puntos centrales del programa económico oficialista. Ese artículo despierta inquietud transversal en las provincias: aunque varios mandatarios reclamaron precisiones sobre su alcance, algunos ya manifestaron respaldo general al proyecto. Se trata de Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gustavo Sáenz (Salta).
En paralelo, el diputado Diego Santilli —uno de los articuladores políticos del oficialismo en el Congreso— viajará este viernes a Corrientes para reunirse con el flamante gobernador Juan Pablo Valdés, en una ronda de contactos destinada a consolidar apoyos provinciales.
La principal novedad del temario es el ingreso de los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil. El decreto 53/2026 incluyó la iniciativa que busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, permitiendo que adolescentes mayores de esa edad puedan ser juzgados penalmente. Hoy el piso está fijado en 16 años.
El oficialismo argumenta que la normativa vigente está “desactualizada” frente a la realidad social y regional. Milei resumió su postura con una frase recurrente: “El que las hace, las paga”. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que la ley actual “no dice nada” y que el joven de 2026 enfrenta condiciones distintas a las de 1980, atravesado —según describió— por violencia y consumo problemático.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la reforma y afirmó que adolescentes de 13, 14 o 15 años “saben lo que hacen” y que no pueden regresar a sus casas “como si nada hubiera pasado”. Incluso, la secretaria Alejandra Monteoliva deslizó que la edad podría ser “un poquito menos”, alineándose con experiencias comparadas de la región.
El proyecto ya había tenido dictamen en 2025, con una baja a 14 años, pero nunca llegó al recinto. Ahora el trámite deberá reiniciarse desde cero.
Otro punto relevante es la reforma a la Ley de Glaciares, que cuenta con dictamen en el Senado. El Gobierno busca otorgar mayor potestad a las provincias para definir áreas de protección, lo que abriría la puerta a ampliar la actividad minera en zonas hoy restringidas.
La iniciativa responde a reclamos de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, pero generó rechazo de científicos y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el impacto en reservas hídricas estratégicas.
En paralelo, los gobernadores patagónicos impulsan incorporar al debate legislativo la emergencia ígnea, tras los incendios que ya arrasaron más de 230.000 hectáreas en el sur. El Ejecutivo decretó la emergencia en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y anunció envíos de $4.000 millones a provincias afectadas junto con un fondo de $100.000 millones para bomberos voluntarios y asistencia logística.
El temario incluye además el tratamiento del acuerdo comercial Mercosur–Unión Europea y la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la UE, en un movimiento que refuerza la agenda internacional del Gobierno.
Con reformas económicas, disputas internas y debates sociales sensibles, febrero se perfila como un mes decisivo para medir la capacidad legislativa del oficialismo y el nuevo equilibrio de fuerzas entre Nación, provincias y oposición.
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