La Justicia investiga a cinco funcionarios del Banco Central por complicidad en maniobras millonarias con el dólar blue durante el gobierno anterior. Audios filtrados revelan connivencia oficial para facilitar ganancias ilegales, mientras se peritan dispositivos electrónicos tras denuncias de extorsión.
El receso de enero se vio interrumpido por el avance de una investigación que busca desentramar el alcance de la corrupción en el Banco Central durante la gestión anterior. La causa, impulsada por grabaciones en las que los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque admiten operaciones ilícitas con divisas, ha derivado en la imputación de cinco altos cargos de la autoridad monetaria. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi analizan actualmente los dispositivos electrónicos incautados a inspectores y gerentes para determinar si existió una estructura de protección oficial que facilitó ganancias millonarias mediante el mercado paralelo del dólar.
El conflicto escaló a raíz de una disputa interna entre los financistas por una deuda de 6 millones de dólares. Hauque, en un intento por cobrar, amenazó con exponer el esquema ante el gobierno actual, mientras que Piccirillo —conocido por su vínculo con Jesica Cirio— grabó los diálogos con el fin de denunciar una supuesta extorsión. En estas conversaciones, que se extienden por casi una hora, ambos describen con asombrosa naturalidad movimientos de dinero en negro y mencionan la connivencia de directivos del BCRA. Según los investigadores, los acusados habrían utilizado mecanismos legales, como contratos de mutuo privados, para capturar dólares a precio oficial y volcarlos al circuito informal, financiando así un estilo de vida de lujo que incluía propiedades en Pinamar y vehículos de alta gama.
Una pieza fundamental del rompecabezas es un registro sonoro donde Romina García, inspectora del Central, admite que existían niveles jerárquicos “entongados” que ignoraban las denuncias internas sobre estas irregularidades. A esto se suma el testimonio de un policía arrepentido, Carlos Sebastián Smith, quien confesó que Piccirillo le ordenó “plantar” pruebas falsas —incluyendo estupefacientes y armamento— a su socio Hauque para neutralizar sus reclamos financieros. El aporte de Smith, que incluye siete grabaciones clave, refuerza la hipótesis de que los funcionarios no solo omitían controles, sino que formaban parte activa de la ingeniería para el enriquecimiento ilícito.
La investigación enfrenta ahora desafíos técnicos y procesales. Mientras el BCRA inició auditorías de ética, la justicia intenta vulnerar la seguridad de los teléfonos móviles secuestrados, especialmente un iPhone perteneciente a García que permanece bloqueado por falta de colaboración de la imputada. Paralelamente, se busca unificar esta causa con un expediente similar que tramita la jueza María Servini desde 2023. La certificación mutua de las actuaciones determinará si se trata de bandas independientes o de un único engranaje delictivo que operó con impunidad bajo el amparo de la anterior administración política.
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