El ministro Javier Alonso rechazó bajar la edad de imputabilidad, calificándola como “marketing político” que no soluciona el delito. Destacó que Buenos Aires redujo un 20% los homicidios juveniles mediante intervención temprana y denunció falta de inversión y desfinanciamiento nacional.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires rechazó de forma tajante el proyecto del Ejecutivo nacional para reducir a 13 años la edad de punibilidad, calificándolo como una maniobra publicitaria que no aborda la raíz del delito. Según el funcionario bonaerense, desplazar el límite legal solo incentivará a las bandas criminales a reclutar niños aún más pequeños, ya que las organizaciones delictivas siempre encuentran formas de evadir los controles del sistema penal. En su visión, la clave no reside en endurecer las normas de forma aislada, sino en garantizar una intervención estatal efectiva desde la primera vez que un joven entra en contacto con las autoridades.
Para respaldar su postura, el titular de la cartera de Seguridad destacó que en territorio bonaerense se logró disminuir un 20% la cifra de homicidios perpetrados por menores de 16 años durante el último periodo. Este avance se atribuye al programa Entramados, una política de abordaje integral que combina el control policial con el seguimiento de servicios de niñez. El ministro enfatizó que los adolescentes que cometen faltas graves actualmente cumplen penas en institutos cerrados, desmintiendo la idea de que existe una impunidad generalizada en el sistema vigente.
Finalmente, el funcionario denunció un desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, estimando en 750 mil millones de pesos los recursos que la Casa Rosada habría recortado a la Provincia en materia de seguridad y asistencia social. Alonso sostuvo que la lucha contra la inseguridad requiere inversión real en educación, patrulleros y equipamiento, en lugar de discursos que solo profundizan la polarización social. Para el ministro, una reforma del régimen penal juvenil es necesaria dado que la ley actual data de 1980, pero advirtió que cualquier cambio será inútil si no se acompaña de un presupuesto sólido y una presencia territorial activa.
El Gobierno autorizó incrementos en las boletas de luz, gas y agua con topes inferiores a la inflación estimada para agosto. La medida busca amortiguar el impacto en los ingresos de los hogares y consolidar la desaceleración del índice de precios.
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