Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezados por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, ya se encuentran en la capital argentina para dar inicio a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas. La comitiva mantendrá reuniones clave con el ministro de Economía, Luis Caputo, y autoridades del Banco Central para definir el desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares. El examen llega en un momento de contrastes para la gestión libertaria: un frente fiscal ordenado, pero un frente externo severamente debilitado.
El punto más crítico de la auditoría será el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. A pesar de la flexibilización de objetivos otorgada el año pasado, el Gobierno no logró alcanzar el stock de divisas pactado. Según la metodología del organismo, el año cerró con reservas netas negativas de 14.000 millones de dólares, lo que implica un desvío de 13.000 millones respecto a lo acordado. Ante este escenario, el equipo económico se prepara para solicitar un perdón (waiver) y proponer una reformulación de los objetivos para el resto del 2026.
Otro eje de tensión en las oficinas del Palacio de Hacienda será la situación del INDEC. Los funcionarios del Fondo llegan apenas días después de la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión del nuevo sistema de medición del IPC. El FMI había monitoreado y avalado técnicamente la actualización de la canasta —basada en el consumo 2017/2018— para mejorar la calidad de los datos. Si bien el último informe del Fondo dejaba abierta la discusión sobre el “timing” del lanzamiento, la sorpresiva postergación oficial genera dudas sobre la transparencia estadística que el organismo suele exigir.
En materia fiscal y monetaria, el panorama es más favorable para el oficialismo. El Gobierno exhibirá un superávit primario del 1,4% durante 2025, cumpliendo con creces la exigencia de ajuste en las cuentas públicas. Esta solvencia fiscal es la principal carta de negociación de Caputo para lograr que la entidad multilateral acceda a las dispensas necesarias por el rojo del Banco Central, en un contexto donde el país precisa poder de fuego para contener la volatilidad del dólar.
Además de las reuniones oficiales, la misión del FMI mantendrá encuentros reservados con sindicatos, empresarios y dirigentes de la oposición bajo el marco de la consulta del Artículo IV. Estas rondas de diálogo permitirán a los técnicos medir el termómetro social y la viabilidad política de las reformas pendientes, en una semana marcada por la fuerte presión de la CGT y los gobernadores contra la reforma laboral.