El Gobierno reenvió a Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, incluyendo ahora un presupuesto de 23.739 millones de pesos. Pese a la resistencia aliada, busca endurecer el régimen juvenil garantizando fondos para la justicia especializada.
La administración nacional ha remitido al Palacio Legislativo el renovado marco normativo para la justicia penal de menores, subsanando el vacío financiero que impidió su avance en el periodo previo. En esta ocasión, la pieza legal ingresó por la Cámara Baja con una estimación de erogación detallada, buscando sortear las críticas sobre la viabilidad económica que el propio oficialismo ha utilizado para objetar otras normativas. Con las rúbricas del Jefe de Estado y sus principales ministros, la iniciativa pretende establecer un nuevo paradigma en el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes.
A diferencia de la propuesta anterior, que dejaba el financiamiento supeditado a futuros movimientos de partidas, el actual documento estipula un desembolso superior a los 23.700 millones de pesos. La mayor parte de este capital se destinará a fortalecer la Defensoría General de la Nación, mientras que el resto será ejecutado por la cartera de Justicia. Este desglose contable intenta blindar la ley frente a posibles vetos o suspensiones por falta de recursos, un punto de fricción constante en el debate político actual sobre el equilibrio fiscal.
El punto de mayor controversia sigue siendo la intención de sancionar penalmente a menores a partir de los 13 años. Esta postura del Gobierno choca con el criterio de bloques opositores y aliados, quienes durante las negociaciones del año pasado coincidieron en elevar ese piso a los 14 años. La insistencia oficial en una edad más temprana anticipa una discusión acalorada en las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto, donde se buscará amalgamar la visión del Ejecutivo con los acuerdos previos que limitaban las condenas máximas y priorizaban medidas socioeducativas.
El articulado que se debatirá esta semana también contempla regulaciones específicas para el cumplimiento de las penas. Se establece que el encierro debe ser la última instancia, aplicable mayormente en delitos de extrema gravedad u homicidios, con un techo de reclusión que bajó de 20 a 15 años durante los consensos parlamentarios. Asimismo, se fijan pautas estrictas para que los jóvenes no compartan espacios con adultos y mantengan acceso ininterrumpido a la formación escolar y servicios sanitarios durante su permanencia en instituciones especializadas.
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