Diego Santilli confía en que el Senado aprobará la reforma laboral y el recorte impositivo a empresas este miércoles. Pese a la resistencia de gobernadores por la pérdida de fondos coparticipables, el Gobierno negocia cambios en estatutos y facultades fiscales.
El titular de la cartera de Interior, Diego Santilli, manifestó su optimismo respecto a la inminente votación de la actualización normativa del mercado de trabajo. El funcionario sostuvo que existe un consenso robusto tras el respaldo obtenido en las comisiones, argumentando que la sociedad demanda una reducción de la presión fiscal y mayor facilidad para el empleo registrado. Según su visión, el intercambio con los líderes provinciales se basa en pilares de austeridad financiera, aunque admitió que la carga impositiva en el país continúa afectando la capacidad de competencia de las empresas.
Uno de los puntos de mayor fricción radica en el propósito del Ejecutivo de recortar un 3% el impuesto a los beneficios empresariales. A pesar de las advertencias de diversos mandatarios provinciales por el impacto en los fondos coparticipables —estimado en una caída de 3 billones de pesos—, el Gobierno mantiene su postura de no ceder en este artículo. Santilli enfatizó que cualquier superávit será destinado a aliviar el bolsillo de los contribuyentes, mientras que la conducción de la bancada oficialista, liderada por Patricia Bullrich, busca cerrar acuerdos de último momento con sectores de la oposición moderada para blindar el proyecto.
En las tratativas previas se han aceptado alteraciones significativas para asegurar el quórum y la aprobación general. Entre los cambios más destacados figura la remoción de las atribuciones que permitían al Ministerio de Economía decidir discrecionalmente la vigencia de exenciones fiscales. Asimismo, se ha postergado la anulación de regímenes especiales para profesiones como la prensa y el comercio, otorgando un periodo de transición para nuevos acuerdos colectivos. Por último, se descartó la posibilidad de abonar haberes mediante plataformas digitales no bancarias, manteniendo la exclusividad de los depósitos en el sistema bancario tradicional.
El Gobierno planea reducir un 10% la planta estatal en 2026, afectando a unos 27.000 empleados. El recorte inicial de 6.000 puestos se centrará en organismos descentralizados como Anses y Conicet, mediante la no renovación de contratos y retiros voluntarios.
La Justicia de EE. UU. suspendió temporalmente los embargos contra Argentina por el caso YPF, tras presiones de la gestión Trump. Aunque el país gana tiempo para resguardar activos, la Cámara de Apelaciones aceleraría un fallo de fondo para 2026.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan inicia una fase crucial con la declaración de veinte testigos clave. El Tribunal evaluará peritajes técnicos y la cadena de mando para determinar responsabilidades penales tras la tragedia de 2017.
Jacquelin analiza el deterioro del Gobierno ante escándalos y crisis económica. Para recuperar la agenda, Milei apuesta a información del trumpismo contra Marcela Pagano, mientras emergen figuras como Jorge Brito como posibles alternativas ante la caída del consumo y el empleo.
El Senado, bajo la gestión de Victoria Villarruel, imparte un curso de coaching ontológico para su personal. La capacitación, que aborda dimensiones como el cuerpo y las emociones, es dictada por empleados de planta permanente remunerados mediante módulos económicos adicionales.
La inflación de marzo superaría el 3% impulsada por alimentos, transporte y combustibles. Según consultoras, el alza internacional del petróleo y el ajuste de precios relativos aceleran el índice, mientras el Gobierno confía en una futura desaceleración basada en datos mayoristas.
El embajador Axel Wahnish comparó a Irán con la Alemania nazi en La Nación+, respaldando el alineamiento de Javier Milei con Israel. Destacó que el presidente es visto como un “prócer” y ratificó el compromiso de trasladar la embajada a Jerusalén.
El Banco Central expandió la base monetaria en $550.000 millones, aunque el ritmo es inferior a la inflación. Ante el aumento de la morosidad privada, los bancos prefieren financiar al Estado, permitiendo al Tesoro renovar deuda con tasas de interés bajas.
