Un temporal atípico dejó 22 fallecidos y 69.000 familias damnificadas en Colombia. El departamento de Córdoba enfrenta inundaciones históricas, mientras el director de la Hidroeléctrica Urrá dimitió en medio de cuestionamientos por el manejo del embalse durante la emergencia.
El norte de Colombia atraviesa una de las contingencias climáticas más severas de los últimos años. El paso de dos frentes fríos provenientes del hemisferio norte provocó precipitaciones de una intensidad inusual para febrero, un mes tradicionalmente seco.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en una sola jornada cayó el volumen de agua esperado para todo un mes, lo que saturó los suelos y desbordó las principales cuencas hídricas del Caribe.
El balance nacional hasta este 10 de febrero es alarmante: 104 municipios de 16 departamentos presentan afectaciones significativas. Las cifras oficiales dan cuenta de 22 personas muertas, al menos tres desaparecidos y una pérdida material que golpea directamente la seguridad alimentaria, con más de 5.500 animales rescatados y miles de hectáreas de cultivos bajo el agua.
El departamento de Córdoba se consolidó como el epicentro del desastre, con 24 de sus 30 municipios inundados. El gobernador Erasmo Zuleta informó que la cifra de personas afectadas en la región asciende a 120.000, un escenario que las autoridades locales calificaron como un hecho sin reportes similares en la historia del departamento.
En municipios como Lorica y Montería, el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge obligó a evacuaciones preventivas en barrios enteros. La situación es crítica para los habitantes, quienes perdieron enseres y medios de subsistencia, recurriendo a embarcaciones improvisadas para rescatar lo poco que el agua no alcanzó a cubrir.
Paralelo a la emergencia humanitaria, se desató una crisis administrativa en la Hidroeléctrica Urrá. Juan Acevedo, presidente encargado de la compañía, presentó su renuncia tras la solicitud del Gobierno Nacional.
Esta decisión ocurrió luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal para determinar si la empresa excedió los niveles de operación autorizados, ignorando presuntas advertencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Acevedo manifestó que su salida busca evitar que su nombre interfiera en la labor de la empresa, aunque la controversia sobre si la gestión del embalse agravó las inundaciones en la cuenca del Sinú permanece abierta.
Mientras tanto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) movilizó diez toneladas de asistencia humanitaria, una cifra que los organismos de socorro consideran inicial frente a la magnitud de la carencia en los albergues.
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