Un estudio británico reveló que uno de cada siete afectados desarrolla traumas psicológicos graves. El aumento de ingresos hospitalarios y el ausentismo laboral impulsan la necesidad de endurecer las leyes sobre el uso de correas en espacios públicos.
El impacto de un ataque canino trasciende la curación de los tejidos. Según una investigación basada en reclamos legales en Inglaterra y Gales, el 15% de las víctimas recibió un diagnóstico formal de enfermedad mental, incluyendo trastorno de estrés postraumático (TEPT) y fobias específicas. Este panorama sanitario se agravó por el incremento de ingresos hospitalarios en el Reino Unido, los cuales pasaron de 4,7 por cada 100.000 personas en 1998 a 18,7 en 2023.
Los datos demostraron que la mayoría de los incidentes ocurrieron con perros que no estaban sujetos. En espacios públicos, el 86% de los percances involucraron animales sin correa, a pesar de estar bajo la supervisión de sus dueños.
Esta falta de control físico derivó no solo en lesiones físicas, sino en un fenómeno de ausentismo laboral significativo: más del 56% de los afectados debió abandonar sus actividades profesionales por periodos que, en casos extremos, alcanzaron los cinco años.
La vulnerabilidad se distribuyó de manera desigual según el contexto. Los repartidores representaron el 28% de los mordidos, generalmente atacados al realizar entregas en domicilios donde el animal escapó por la puerta principal.
Por otro lado, las mujeres mostraron el doble de probabilidades que los hombres de sufrir incidentes sin mordedura, como atropellos o caídas que resultaron en fracturas y daños en ligamentos.
En los menores de 14 años, la tendencia cambió de escenario. La mayor parte de las agresiones pediátricas sucedió dentro del hogar y por animales conocidos. Los niños de entre 5 y 9 años sufrieron las consecuencias más severas, con heridas recurrentes en el rostro y el cuello debido a su estatura y comportamiento impulsivo.
Pese a la gravedad de las secuelas, como ataques de pánico y ansiedad, el acceso a tratamiento especializado fue escaso. Los registros indicaron que el sistema de salud priorizó la atención de urgencia física, dejando las necesidades psíquicas en un segundo plano. Expertos sugirieron que el uso de tecnologías como la realidad virtual podría ser una alternativa ética para la desensibilización sistemática de las víctimas.
Ante la evidencia, los investigadores propusieron actualizar el marco legal para obligar el uso de correas de longitud fija, menores a dos metros, en todas las vías públicas y parques urbanos.
Actualmente, el Código de Circulación solo ofrece recomendaciones, lo que limita la capacidad disuasoria de las autoridades locales.
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