Nicaragua eliminó el libre visado para cubanos, clausurando la principal ruta migratoria hacia Estados Unidos. La medida busca apaciguar a la administración Trump tras la caída de aliados regionales, mientras el régimen de Ortega intenta evitar sanciones endureciendo sus controles fronterizos.
Bajo la sombra de la nueva administración Trump, el gobierno nicaragüense decidió clausurar el corredor migratorio que permitía a los ciudadanos de Cuba ingresar al país sin restricciones consulares. La medida, que modifica el estatus de los viajeros isleños a la categoría de “visa consultada”, termina con cuatro años de una política de puertas abiertas que había convertido a Managua en el puente principal para quienes buscaban alcanzar la frontera de Estados Unidos. Esta rectificación diplomática se interpreta como un gesto de supervivencia del binomio Ortega-Murillo para evitar confrontaciones directas con la Casa Blanca y el secretario de Estado, Marco Rubio, especialmente tras el colapso de sus aliados regionales. Mientras Washington intensifica su vigilancia sobre Rosario Murillo, el régimen sandinista opta por el silencio frente a las críticas habituales hacia el “imperialismo” y endurece los controles fronterizos, desmantelando así el trampolín aéreo que utilizaban miles de migrantes en medio de la asfixiante crisis energética y social que padece la isla.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
El arquero argentino sufrió una fractura menor en un dedo sobre el final de la temporada.
