Diputados de la oposición acusaron al ministro de Economía por manipulación de datos y violación de deberes públicos, tras frenar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación que debía debutar en enero de 2026.
Diputados de la oposición acusaron al ministro de Economía por manipulación de datos y violación de deberes públicos, tras frenar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación que debía debutar en enero de 2026.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo.
La presentación judicial, encabezada por los legisladores Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada, señala presuntas irregularidades en el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) relacionadas con la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los denunciantes sostienen que el titular del Palacio de Hacienda incurrió en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos y violación del secreto estadístico.
Según el escrito radicado en la justicia, Caputo habría ordenado mantener el cálculo de la inflación con la metodología de los años 2004 y 2005, a pesar de que el organismo tenía previsto aplicar una nueva fórmula basada en consumos de 2017 y 2018 a partir de enero de 2026.
La controversia radica en la ponderación de los rubros. El método actualizado otorga un mayor peso a los servicios como electricidad, gas, agua y transporte. La oposición argumenta que el Gobierno postergó este cambio para evitar que la recomposición de tarifas impactara con mayor fuerza en el índice oficial. El IPC de enero, publicado recientemente, arrojó una variación del 2,9%, acumulando un 32,4% en los últimos 12 meses.
Por su parte, el ministro Luis Caputo rechazó las acusaciones y calificó la denuncia como un ataque político. El funcionario explicó que la decisión de no modificar la medición respondió a una directiva del presidente Javier Milei, con el fin de esperar a que finalice el proceso de desinflación. Según el ministro, introducir un cambio metodológico en este contexto impediría una comparación precisa de los datos.
La salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC agudizó las tensiones. Mientras la oposición vincula su renuncia a la negativa de avalar la postergación del nuevo índice, el ministro aseguró que el exfuncionario se retiró en términos amigables.
No obstante, la denuncia subraya que la ley 17.622 garantiza la independencia técnica del sistema estadístico y prohíbe las interferencias políticas en sus procesos.
El cuestionamiento judicial también advierte sobre el impacto social de la medida. Al ser el IPC la base para el cálculo de jubilaciones, pensiones y negociaciones paritarias, cualquier alteración en su representatividad afecta de manera directa el poder adquisitivo de la población.
La presentación incluye la acusación de abuso de autoridad por el reconocimiento público de diferencias en los resultados según la fórmula aplicada.
El sistema judicial deberá ahora determinar si existió una manipulación deliberada o si la postergación de la actualización técnica se encuadra dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.
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