La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó una resolución clave para la causa que investiga una red de extorsión digital con base en cárceles bonaerenses.La magistrada, en sintonía con el fiscal Federico Iuspa, rechazó el pedido de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar esta banda, quienes continuarán detenidas …
La titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó una resolución clave para la causa que investiga una red de extorsión digital con base en cárceles bonaerenses.
La magistrada, en sintonía con el fiscal Federico Iuspa, rechazó el pedido de excarcelación de tres mujeres acusadas de integrar esta banda, quienes continuarán detenidas en el penal de Olmos.
La causa se inició el pasado 16 de diciembre tras el hallazgo del cuerpo de Rodrigo Gómez, de 21 años. El joven pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y cumplía funciones de custodia en la residencia presidencial cuando se quitó la vida.
Antes de su muerte, Gómez dejó una desgarradora carta de despedida para su familia: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.
Este desenlace evidenció la angustia del soldado, quien habría sido sometido a presiones insoportables por parte de la organización delictiva.
La estructura de la banda era compleja. Según explicó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, siete reclusos operaban desde las unidades de Magdalena y Olmos, mientras que las mujeres funcionaban como recaudadoras.
Su rol consistía en retirar el dinero que las víctimas pagaban bajo amenaza de difundir contenidos íntimos.
Sobre el uso de tecnología en los penales, la jueza Arroyo Salgado fue tajante al señalar la gravedad de la situación: “Esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La organización habría operado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado. El fiscal Iuspa se opuso a la liberación de las imputadas al advertir que, de recuperar la libertad, podrían entorpecer la investigación o eludir el accionar de la Justicia, dada la coordinación estructural que demostraron.
Se aguardan los resultados del análisis de los teléfonos secuestrados, los cuales podrían revelar la existencia de más damnificados y la participación de otros cómplices aún no identificados.
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