La comunidad internacional, encabezada por la Unión Europea y las potencias árabes, denunció la reforma que permite catalogar terrenos palestinos como “propiedad estatal”. Críticos y diplomáticos advierten que el movimiento es, en la práctica, el inicio de una anexión definitiva.
En un movimiento que ha encendido las alarmas en las cancillerías de medio mundo, el gabinete de seguridad de Israel autorizó este lunes el inicio de un proceso de registro de tierras en la Cisjordania ocupada.
Por primera vez desde la ocupación de 1967, estas tierras podrán ser clasificadas como “propiedad del Estado”, un cambio burocrático que sus detractores consideran una herramienta para acelerar la anexión del territorio.
La respuesta de los vecinos regionales no se hizo esperar. La Autoridad Palestina calificó la medida de “legalmente inválida” y denunció que representa el “inicio de facto de un proceso de anexión”.
Su cancillería fue tajante al rechazar cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como territorio público bajo control de una fuerza de ocupación.
Por su parte, el rey Abdalá II de Jordania elevó el tono de la crítica este lunes al calificar las medidas de “ilegales”. E
l monarca jordano afirmó que estas acciones buscan imponer una soberanía en territorio palestino que no solo socava los esfuerzos para restaurar la paz, sino que exacerba el conflicto de manera alarmante.
Egipto y Qatar se sumaron a la condena, definiendo el plan como una violación a los acuerdos internacionales y una maniobra para privar al pueblo palestino de sus derechos básicos.
La Unión Europea (UE) también ha marcado una línea roja. A través de su portavoz de Relaciones Exteriores, Anouar El Anouni, el bloque pidió formalmente a Israel que revoque la aprobación de este proceso.
“Reiteramos que la anexión es ilegal según el derecho internacional”, sentenció El Anouni, advirtiendo que se trata de una “nueva escalada” destinada a ampliar el control israelí en la zona.
Este anuncio no llega en el vacío. Apenas siete días antes, Israel ya había causado indignación al aprobar medidas que facilitan la compra de tierras por parte de colonos israelíes, incluyendo la derogación de una ley que prohibía a los judíos comprar tierras directamente en Cisjordania.
Además, las nuevas normas permiten a las autoridades israelíes administrar ciertos sitios religiosos, incluso cuando estos se encuentran en zonas bajo control de la Autoridad Palestina.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, la narrativa es puramente administrativa. Según defendieron en la red social X, las medidas aprobadas el domingo buscan simplemente “poner orden en los procedimientos de registro de propiedad” y resolver litigios jurídicos de larga data.
Sin embargo, para la diplomacia internacional, lo que Israel llama “poner orden” tiene un aroma inequívoco a expansión territorial.
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