Seis mandatarios provinciales repudiaron el proyecto oficialista en vísperas del debate en Diputados. Advirtieron riesgos de despidos masivos y desprotección en economías regionales. Llamaron a bloquear la iniciativa en el Congreso.
Seis mandatarios provinciales repudiaron el proyecto oficialista en vísperas del debate en Diputados. Advirtieron riesgos de despidos masivos y desprotección en economías regionales. Llamaron a bloquear la iniciativa en el Congreso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a los mandatarios de Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa, manifestaron su oposición al proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
A través de un documento conjunto, los jefes provinciales afirmaron que la propuesta no moderniza el sistema, sino que promueve la precarización y el desmantelamiento de garantías fundamentales.
Los mandatarios señalaron que la legislación vigente debe actualizarse ante los cambios tecnológicos y sociales, pero aclararon que ninguna transformación puede orientarse a reducir la protección de los trabajadores.
Según el comunicado, el texto que se debate en el Congreso legalizaría mecanismos que habilitan reducciones salariales y limitaciones en el goce de derechos por enfermedad.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y su par de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, calificaron la iniciativa como “profundamente antifederal“. Los funcionarios explicaron que la reforma impactará directamente en las economías regionales sin haber contemplado sus particularidades ni abierto instancias de diálogo con los gobiernos locales.
Además, subrayaron que el contexto económico actual ya registra una caída de la actividad y un aumento del desempleo.
Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Formosa, Gildo Insfrán, junto a representantes de Santiago del Estero, detallaron que desde el inicio de la gestión nacional se perdieron casi 300.000 puestos de trabajo y cerraron 21.000 empresas.
En este sentido, sostuvieron que la solución a la informalidad no reside en el recorte de beneficios, sino en el fortalecimiento del mercado interno y la promoción de políticas de industrialización.
La postura de los jefes provinciales se difundió a pocas horas de que la Cámara de Diputados inicie el tratamiento de la norma. Los mandatarios recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que la modernización auténtica debe basarse en el diálogo social y el reconocimiento de nuevas garantías, puntos que, a su juicio, el proyecto oficial ignora al trasladar los riesgos e incertidumbre hacia el empleado.
El cierre del documento unificó el pedido a las distintas fuerzas políticas para defender el sistema de derechos sociales construido en las últimas décadas.
Los firmantes concluyeron que la Argentina necesita una normativa que amplíe el trabajo formal y el desarrollo, manteniendo una postura abierta al debate democrático siempre que se respete la protección del capital humano.
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