Profunda retracción del gasto público al inicio del ciclo presupuestario 2026

El gasto público nacional cayó un 22% real respecto a 2023, con ajustes drásticos en niñez, educación y obra pública. Mientras la mayoría de los ministerios y programas sociales enfrentan parálisis, la inteligencia y el pago de deuda permanecen como prioridades.

Caputo y Milei. Foto: JMilei.

El arranque del presente año fiscal ha consolidado una tendencia de fuerte austeridad en las arcas del Estado Nacional. De acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las erogaciones de la Administración Pública registraron una contracción real del 22% en comparación con el mismo periodo de 2023. Esta reducción implicó pasar de un desembolso de $12,2 billones a unos $9,5 billones actuales (calculados a valores constantes). El fenómeno evidencia una política de déficit cero que ha afectado la operatividad de casi todas las carteras, dejando a numerosos programas asistenciales y de desarrollo en una situación de inactividad técnica.

Impacto sectorial: desde la asistencia social hasta la infraestructura

El recorte no ha sido uniforme, ensañándose con especial rigor en las áreas de contención social y educación. Dentro de la megaestructura de Capital Humano, las partidas destinadas a la protección de la niñez y adolescencia sufrieron un desplome superior al 72%, mientras que programas educativos emblemáticos, como el incentivo docente y la conectividad escolar, presentan una ejecución nula. La obra pública también se encuentra en un estado de parálisis virtual; la inversión en vialidad nacional cayó un 73% y los proyectos de infraestructura municipal se detuvieron por completo, reflejando el retiro del financiamiento estatal en la construcción y mantenimiento de redes civiles.

El contraste entre los servicios básicos y las prioridades fiscales

En el ámbito de la salud y la ciencia, el panorama es igualmente restrictivo. El informe detalla que la adquisición de medicamentos e insumos básicos retrocedió un 82%, al tiempo que la inversión en investigación científica dentro del CONICET y la CONAE mermó más de un 20%. No obstante, esta poda generalizada encuentra dos excepciones notables que revelan la hoja de ruta del Gobierno: la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que incrementó sus recursos operativos en casi un 69%, y los compromisos financieros de la deuda pública, que absorbieron el 8% de los fondos totales pagados en el primer mes del año.

Seguridad y organismos descentralizados bajo la lupa

Incluso las áreas de seguridad, prioritarias en el discurso oficial, han experimentado ajustes de dos dígitos, con mermas cercanas al 30% en los presupuestos ejecutados por la Policía Federal y la Gendarmería. El Poder Legislativo también acompañó la tendencia con un recorte del 41%, marcando un contraste con la estabilidad relativa del Poder Judicial. Para los analistas, este escenario de “ajuste extremo” plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la gestión pública en sectores sensibles, donde la falta de ejecución presupuestaria equivale, en la práctica, a la desaparición de políticas estatales de largo alcance.

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