Cámara baja inició tratamiento del proyecto oficialista con quórum estricto y negociaciones de último momento. Retiro de artículos clave sobre licencias permitió destrabar el debate, en una jornada que prevé extenderse por más de doce horas.
Cámara baja inició tratamiento del proyecto oficialista con quórum estricto y negociaciones de último momento. Retiro de artículos clave sobre licencias permitió destrabar el debate, en una jornada que prevé extenderse por más de doce horas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio inicio a la sesión extraordinaria tras alcanzar el quórum de 129 legisladores. El bloque de La Libertad Avanza debió ceder en puntos sensibles de la reforma para garantizar el acompañamiento de bloques aliados y sectores del sindicalismo. Entre las modificaciones principales, el oficialismo aceptó retirar las alteraciones propuestas al régimen de licencias por enfermedad y maternidad.
La jornada legislativa comenzó con cruces procedimentales cuando la oposición logró rechazar el plan de labor parlamentaria, evidenciando la fragilidad de los acuerdos en el recinto. En este contexto, la diputada libertaria Mercedes Llano defendió la iniciativa al sostener que la normativa actual resulta obsoleta y es la causa principal de la alta litigiosidad en el sector pyme.
Desde la vereda opuesta, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, calificó el proyecto como un avance sobre los derechos adquiridos y advirtió que las modificaciones profundizarán la precarización. El debate central gira en torno a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un esquema de capitalización, y la eliminación de sanciones por empleo no registrado.
El apoyo del PRO y de diversos bloques provinciales resultó determinante. La estrategia del Gobierno Nacional se centró en “blindar” el corazón de la reforma: la reducción de costos de salida y el blanqueo laboral, a cambio de resignar los artículos que afectaban los convenios colectivos. Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se reportaron movilizaciones sindicales.
La sesión deja abierta la incógnita sobre la votación en particular. Los cambios introducidos obligarían a que el proyecto regrese al Senado para una segunda revisión, postergando la sanción definitiva de la norma que el Poder Ejecutivo considera fundamental para su plan económico.
A continuación, el detalle de los artículos que generan mayor impacto:
La norma establece la creación de fondos individuales por empleador destinados a facilitar el pago de las indemnizaciones por despido.
Financiamiento: Las cuentas se conformarán con una contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y del 2,5% para PyMES.
Vigencia: El régimen entrará en vigor el 1° de junio de 2026, aunque el Poder Ejecutivo podrá prorrogar esta fecha por seis meses. Solo cubrirá a trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad.
Se endurecen las condiciones para las medidas de fuerza, ampliando el universo de actividades con guardias mínimas obligatorias:
Cobertura del 75% (Servicios Esenciales): Se incorporan telecomunicaciones, aeronáutica comercial, recolección de residuos, transporte de caudales, seguridad privada y educación (excepto universitaria). Los gremios deberán preavisar el paro con 5 días de anticipación.
Cobertura del 50% (Importancia Trascendental): Incluye transporte masivo, industria alimenticia, farmacéutica, servicios bancarios, hotelería, gastronomía y comercio electrónico.
Fuerzas de seguridad: Deberán mantener una operatividad del 100%.
El proyecto apunta a limitar la influencia sindical en el día a día de las empresas:
Asambleas: No podrán interrumpir la actividad normal y requerirán autorización del empleador sobre el horario y el lugar. Además, este tiempo no será remunerado.
Ultraactividad: Se acota drásticamente. Al vencer un convenio, solo permanecerán vigentes las cláusulas sobre condiciones de trabajo individuales; el resto caerá hasta que se negocie un nuevo acuerdo. Los convenios por empresa prevalecerán sobre los nacionales.
Aportes: Seguirán vigentes con topes (0,5% para cámaras y 2% para sindicatos). No obstante, desde el 1° de enero de 2028, serán estrictamente voluntarios y requerirán el consentimiento expreso del trabajador.
El texto ratifica el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, proceso que derivará en su progresiva disolución tras la firma de los convenios de transferencia.
Juicios contra el Estado: Las controversias contra la Nación migrarán al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde no rige la Ley de Contrato de Trabajo.
Estatutos eliminados: A partir del 1° de enero de 2027, se derogan regímenes especiales para periodistas, viajantes de comercio, peluqueros y artes gráficas, además de las leyes de Teletrabajo y Trabajo a Domicilio. Todos estos sectores pasarán a la Ley de Contrato de Trabajo común.
En la pulseada financiera, los bancos lograron bloquear el avance de las billeteras virtuales: la reforma prohíbe pagar salarios mediante fintech, manteniendo la exclusividad del sistema bancario tradicional. Respecto a las sentencias judiciales, las grandes empresas podrán pagarlas en hasta 6 cuotas mensuales, mientras que las PyMES tendrán un plazo de hasta 12 meses. Finalmente, para asegurar el equilibrio fiscal, el Ministerio de Economía tendrá la facultad de decidir la fecha de entrada en vigencia de las reducciones de contribuciones patronales.
Se trata de Ari Larijani, según informó el Ministerio de Defensa de Israel.
Estados Unidos condicionó cualquier pacto económico con Cuba a la salida de Miguel Díaz-Canel. Washington busca forzar un relevo en la cúpula para implementar reformas de mercado, mientras el régimen explora sucesores ante la crisis energética y la presión externa.
Horacio Rodríguez Larreta presentó “Metrópolis”, su nueva corriente política para competir por la jefatura porteña en 2027. Con foco en el sur de la Ciudad, propuso una “segunda transformación” que incluye viviendas y obras sanitarias, diferenciándose del actual ajuste nacional.
Cristina Kirchner declara hoy en Comodoro Py por la causa Cuadernos, acusada de liderar una red de sobornos. Bajo arresto domiciliario, la exmandataria calificó el juicio de “farsa” y “show”, mientras el tribunal inicia la etapa presencial de las indagatorias.
Diego Santilli reactiva la negociación con gobernadores para impulsar la reforma política de 2026, que busca eliminar las PASO. Tras tensiones por la Argentina Week, el Gobierno ofrece discutir deudas de cajas jubilatorias provinciales a cambio de respaldo legislativo crítico.
El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como asesor militar. El funcionario posee una alerta roja de Interpol por su rol en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos.
El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La ONU denunció la continuidad de torturas en cárceles venezolanas tras la caída de Maduro. Volker Türk exigió liberar a los detenidos arbitrariamente y criticó la opacidad de la amnistía dictada por Delcy Rodríguez, reclamando transparencia y acceso a los penales.
