Se acordaron sumas fijas de hasta $20.000 para febrero y marzo, junto a una suba salarial del 3%.
Se acordaron sumas fijas de hasta $20.000 para febrero y marzo, junto a una suba salarial del 3%.
En un contexto de alta sensibilidad por la pérdida del poder adquisitivo, el sector de casas particulares ha ingresado en un cronograma de actualización que combina subas porcentuales con refuerzos de emergencia. Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, las trabajadoras percibirán este mes y el próximo dos bonos extraordinarios, cuyo valor está atado directamente a la carga horaria semanal. Esta medida, que ha generado un pico de consultas del 400% en plataformas digitales, busca amortiguar el impacto inflacionario en uno de los sectores más vulnerables del mercado laboral.
El esquema de los bonos se divide en tres escalas según la dedicación: quienes trabajen menos de 12 horas semanales percibirán $8.000; entre 12 y 16 horas, el monto asciende a $11.500; y para jornadas superiores a las 16 horas, la suma fija es de $20.000. Es fundamental destacar que estos pagos tienen carácter no remunerativo, lo que implica que no se computan para el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios. El empleador debe abonar este adicional de forma obligatoria junto con el salario mensual habitual de febrero y marzo.
En paralelo, los haberes básicos también experimentan una suba del 3% dividida en dos tramos. Para la categoría de “Tareas Generales” —la más extendida del sector—, la hora con retiro en febrero se fijó en $3.298,88, mientras que en marzo ascenderá a $3.599,86. Por su parte, el personal destinado al cuidado de personas percibirá un mensual con retiro de $448.433,64 por el trabajo realizado este mes, cifra que se ajustará a $455.160,14 en la liquidación de marzo.
La normativa aclara que, en casos de pluriempleo, cada empleador es responsable de abonar el bono de forma proporcional a las horas cumplidas en su domicilio. Con este esquema cerrado, la atención se traslada ahora a la reunión pactada para abril, donde las partes volverán a sentarse para evaluar la evolución de la canasta básica. Hasta entonces, la correcta categorización y el cumplimiento de las escalas vigentes son las únicas garantías para evitar conflictos legales en una relación laboral que, hoy más que nunca, exige transparencia.
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