Especialistas advierten que las consultas a sistemas como ChatGPT pueden usarse como evidencia indiciaria.
Especialistas advierten que las consultas a sistemas como ChatGPT pueden usarse como evidencia indiciaria.
La confidencialidad en la era de la inteligencia artificial es, para muchos expertos, una peligrosa ilusión. Lo que comienza como una consulta privada sobre una estrategia societaria o un ensayo de hipótesis legales puede transformarse en una pieza clave de un expediente judicial. El abogado Jorge Monastersky plantea una advertencia necesaria: la infraestructura digital no es un cuaderno que se destruye, sino un ecosistema de registros técnicos, logs y copias de respaldo que la Justicia puede recuperar incluso después de que el usuario haya “borrado” la conversación.
Existen dos vías principales para que estos diálogos lleguen a manos de un juez. La primera es el exhorto internacional a compañías como OpenAI; aunque este camino suele ser lento y complejo, es una posibilidad jurídica real, especialmente en delitos graves. La segunda vía es mucho más directa y frecuente: el secuestro y peritaje forense de dispositivos móviles y computadoras. Mediante técnicas avanzadas de extracción de datos, los peritos pueden recuperar historiales locales y archivos temporales, incorporando el contenido de los chats directamente a la causa, sin necesidad de cooperación internacional.
Es fundamental entender que, si bien un chat con una IA no constituye una confesión judicial (ya que carece de las garantías procesales de una declaración oficial), sí posee un alto valor como elemento indiciario. Bajo el sistema de sana crítica, un magistrado puede valorar estas interacciones como parte de un conjunto probatorio para formar su convicción. Además, antecedentes en Estados Unidos ya marcan una tendencia preocupante: las consultas a la IA no están amparadas por el secreto profesional, diferenciándolas drásticamente de la relación privilegiada entre abogado y cliente.
Ante este panorama, la gestión del riesgo debe ser integral. Para las empresas y profesionales, el desafío no es abandonar la herramienta, sino establecer protocolos de compliance que definan qué información se puede compartir y qué límites deben respetarse. El daño de una filtración no es solo jurídico, sino reputacional, con un impacto económico inmediato en organizaciones que cotizan o están reguladas. En el derecho moderno, la prevención ya no es una opción, sino una estrategia de supervivencia frente a una tecnología que, aunque eficiente, no olvida lo que se le confía.
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