Dos internas murieron carbonizadas en celda de aislamiento de la cárcel cordobesa; familias exigen investigar demoras y fallas en protocolos de emergencia.
Dos internas murieron carbonizadas en celda de aislamiento de la cárcel cordobesa; familias exigen investigar demoras y fallas en protocolos de emergencia.
A dos meses del siniestro que terminó con la vida de dos internas en el Complejo Penitenciario de Bouwer, Córdoba, la investigación judicial sumó un nuevo impulso. Valeria Soledad Romero, madre de Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, formalizó su pedido para ser reconocida como querellante particular.
El objetivo de la presentación es esclarecer las circunstancias de la madrugada del 20 de diciembre de 2025, cuando un incendio se desató en una celda de aislamiento.
La presentación judicial, encabezada por el abogado Diego Casado, señala graves irregularidades en los elementos de seguridad y la respuesta oficial. Entre los puntos críticos, la querella destacó la presencia de colchones inflamables en un sector de castigo y el presunto mal funcionamiento de los equipos matafuegos.
Asimismo, se cuestionó la presencia de un encendedor dentro de la celda, elemento que habría iniciado el fuego en un área de acceso restringido.
Pedraza se encontraba alojada en Bouwer sin condena firme. Según detalló su familia, el traslado al penal cordobés se realizó con el fin de facilitar el vínculo con su hija menor durante las festividades de fin de año. Sin embargo, lo que debía ser una estancia transitoria culminó en fatalidad.
La denuncia sostiene que los agentes penitenciarios demoraron la apertura de las puertas, ignorando los pedidos de auxilio, mientras que otras áreas del módulo habrían sido evacuadas con mayor celeridad.
Otra víctima fatal fue identificada en las actuaciones como María Flavia Ramallo, de 33 años, aunque otras versiones preliminares mencionaron a una interna de apellido Charras. Ambas permanecían en el mismo sector cuando las llamas se propagaron. Ante este escenario, la familia de la joven de 25 años planteó que el Estado provincial incumplió su deber jurídico de proteger la integridad física de quienes están bajo su custodia exclusiva.
La querella solicitó a la Justicia provincial una serie de medidas de rigor técnico para evitar que el caso quede impune. Entre ellas, se destacan el pedido de los registros fílmicos del penal, el libro de guardia de aquella madrugada y la nómina completa del personal de turno. También se requirieron informes sobre el mantenimiento de los sistemas contra incendios y las autopsias oficiales.
Un punto que genera especial preocupación en los allegados es la posibilidad de un encubrimiento institucional. La denuncia sugiere que agentes penitenciarios habrían mantenido reuniones con autoridades de los módulos antes de prestar declaración, presuntamente para unificar testimonios. Por ello, la justicia deberá determinar si existieron conductas orientadas a ocultar información sobre la secuencia de los hechos.
El avance de la causa dependerá ahora de los peritajes técnicos y los testimonios de otras internas y personal médico.
Mientras la querella evalúa elevar el reclamo a instancias internacionales, queda pendiente definir si la calificación legal se encuadrará en un abandono de persona o en un homicidio agravado por el abuso de funciones. ¿Podrá el sistema judicial cordobés garantizar una investigación imparcial sobre sus propias instituciones de seguridad?
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