La defensa del joven condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa solicitó la nulidad del proceso judicial. El recurso extraordinario denunció irregularidades en la recolección de pruebas, mientras que la querella desestimó la validez del planteo.
La defensa del joven condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa solicitó la nulidad del proceso judicial. El recurso extraordinario denunció irregularidades en la recolección de pruebas, mientras que la querella desestimó la validez del planteo.
El abogado Marcelo Peña, representante de Lucas Pertossi, formalizó el pasado martes un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo buscó dejar sin efecto la sentencia dictada en 2023 por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, donde se juzgó el asesinato de Fernando Báez Sosa ocurrido en Villa Gesell.
Peña fundamentó el pedido en siete ejes técnicos que cuestionaron la legalidad del debate oral. Entre los argumentos principales, la defensa alegó una recusación mal resuelta contra el magistrado interviniente y una supuesta violación al principio de imparcialidad.
Asimismo, el letrado sostuvo que existieron infracciones graves al debido proceso y un sesgo condenatorio en la valoración de los testimonios presentados durante las audiencias.
El escrito judicial enfatizó que no se realizaron los peritajes adecuados para determinar la participación individual de Pertossi en el ataque. Según la defensa, estos vicios procesales invalidaron la resolución original y justificaron la realización de un nuevo juicio. El imputado, que al momento del crimen en 2020 tenía 20 años, cumple actualmente una condena de 15 años de prisión tras ser considerado partícipe secundario del homicidio.
Por otro lado, la representación legal de la familia de la víctima manifestó una postura crítica ante el movimiento de la defensa. El abogado Fernando Burlando aseguró que no existió una notificación formal que pusiera en duda la firmeza de la sentencia.
El representante de los padres de Báez Sosa calificó la iniciativa como una maniobra dilatoria destinada a dilatar los plazos procesales, tras recordar que la Cámara de Casación ya ratificó las penas anteriormente.
La resolución del máximo tribunal del país podría demorar varios meses. Expertos en derecho penal señalaron que la tasa de aceptación para este tipo de nulidades en casos de homicidio agravado fue inferior al 25% en el último bienio. Mientras tanto, Pertossi y los otros siete condenados permanecen alojados en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El desenlace de este recurso técnico determinará si el sistema judicial argentino considera agotadas las instancias de revisión para uno de los casos más mediáticos de la última década. El interrogante sobre la validez de las garantías constitucionales durante el proceso de 2023 quedó planteado nuevamente ante los ministros de la Corte.
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