La Policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquetes y dispersó con gas pimienta a trabajadores, gremialistas y organizaciones sociales que reclamaban frente a la cartera laboral. La conciliación vence hoy y no hay acuerdo a la vista.
La Policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquetes y dispersó con gas pimienta a trabajadores, gremialistas y organizaciones sociales que reclamaban frente a la cartera laboral. La conciliación vence hoy y no hay acuerdo a la vista.
La protesta por el cierre de la planta de Fate terminó en incidentes este miércoles poco antes del mediodía frente a la sede de la Secretaría de Trabajo, en Avenida Leandro N. Alem 650. La Policía de la Ciudad activó el protocolo antipiquetes para evitar el corte de circulación, lo que derivó en el uso de gas pimienta, corridas y empujones entre uniformados y manifestantes. Tras el operativo, los trabajadores fueron dispersados por los alrededores de la secretaría.
De la concentración participaron trabajadores de Fate, delegados del SUTNA, representantes de ATE, La Bancaria y organizaciones de izquierda. La Policía Federal formó además un cordón de agentes dentro de la Secretaría para impedir un eventual ingreso forzado al edificio que conduce Julio Cordero.
La diputada Myriam Bregman, presente en la movilización, cuestionó duramente el accionar policial: “Nos impidieron llegar y nos empezaron a reprimir. Los trabajadores están peleando por sus puestos de trabajo. ¿Bajo qué protocolo se puede reprimir en calles peatonales?”, protestó, y apuntó directamente contra el Presidente: “Menos piripipí y más acción contra los que se lo merecen. Milei no se anima.”
El trasfondo del conflicto es el anuncio del 18 de febrero, cuando Fate —empresa de Javier Madanes Quintanilla— comunicó el cierre de su planta en San Fernando y el despido de más de 900 empleados. La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, que suspendió los despidos y frenó las acciones sindicales, vence precisamente hoy, con una reunión entre el Gobierno, la empresa y el SUTNA para definir si se extiende por cinco días más.
Las audiencias previas no dejaron margen para el optimismo. La empresa ratificó su decisión de mantener paralizada la planta de Virreyes, alegando que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para retomar la actividad, y denunció una ocupación ilegal del establecimiento —algo que el sindicato rechaza de plano—. En las instancias anteriores, la firma pidió el desalojo del predio para verificar el estado de las instalaciones y aseguró que acatará la conciliación una vez que existan garantías operativas. El gremio, por su parte, insistió en la reapertura inmediata y la reincorporación de todos los trabajadores.
Desde la cartera laboral confirmaron que la prórroga es posible, aunque su concreción dependerá del resultado del encuentro de hoy. Si el Gobierno decide extender la conciliación, ganará tiempo para forzar un acuerdo. Si no lo hace, el conflicto podría escalar con mayor intensidad al terreno judicial y político, en un sector golpeado por la apertura comercial, la caída de la actividad y el deterioro del empleo industrial.
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