Fiorella Belén Damiani, consejera escolar de Bahía Blanca, recibió tres años de prisión en suspenso por denunciar falsamente un abuso sexual en 2017 contra dos músicos locales. El juez Ricardo Gutiérrez dictó la sentencia el reciente miércoles, pese a pedidos de nueve años de cárcel efectiva de la fiscalía y la querella.
El Tribunal Oral Criminal N°1 de Bahía Blanca dictó sentencia este miércoles contra Fiorella Belén Damiani, de 27 años, al encontrarla responsable del delito de falso testimonio agravado.
La exconsejera escolar había denunciado en julio de 2017 a los músicos Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez por un presunto abuso sexual en Punta Alta, relato que mantuvo durante cinco años y cuatro declaraciones judiciales.
La resolución del magistrado Ricardo Gutiérrez estableció una pena de tres años de ejecución condicional, lo que permite que la condenada permanezca en libertad. El juez fundamentó su decisión en la “escasa edad” de Damiani al momento del hecho —tenía 18 años— y su falta de antecedentes penales. Además, argumentó que las penas de encierro breves no cumplen con el objetivo de resocialización del individuo.
El caso dio un giro drástico tras la incorporación de registros audiovisuales recuperados de los teléfonos celulares de los acusados. Los videos, conservados en la nube, demostraron que el encuentro sexual fue consentido y que los participantes estaban lúcidos. Estas imágenes contradijeron la versión de la mujer, quien sostenía haber sido drogada con ketamina y alcohol para ser violada.
Las pericias médicas y los análisis toxicológicos reforzaron la falsedad del testimonio inicial, ya que no detectaron rastros de estupefacientes ni lesiones compatibles con un abuso. Durante el proceso, se contabilizaron más de 200 trámites judiciales, incluyendo allanamientos y la detención efectiva de los dos hombres señalados.
Como agravantes, el fallo reconoció el sufrimiento provocado a Pereyra y Álvarez, quienes enfrentaron un fuerte impacto laboral y social. No obstante, la condena impone únicamente reglas de conducta por tres años, el control del Patronato de Liberados y la prohibición de actuar como testigo por seis años.
La sentencia generó un profundo malestar en las víctimas y en la querella, quienes calificaron la resolución como una burla frente a la gravedad de la acusación original.
Ante la discrepancia entre los nueve años solicitados por la fiscalía y la pena otorgada, el Ministerio Público Fiscal ya adelantó que apelará la decisión. ¿Es la falta de antecedentes suficiente para mitigar el daño de una denuncia falsa que privó de la libertad a dos inocentes?
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