Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, confirmó designaciones para la Oficina Anticorrupción y la Inspección General de Justicia tras pedir renuncias masivas a funcionarios previos. Los anuncios surgieron en entrevistas este viernes, en medio de un reordenamiento en el Ministerio.
El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó los nombres de quienes dirigirán la Oficina Anticorrupción (OA) y la Inspección General de Justicia (IGJ). Gabriela Zangaro, magistrada de la Ciudad de Buenos Aires, fue propuesta para liderar la OA, mientras que Alejandro Ramírez asumirá la titularidad de la IGJ. Estos movimientos forman parte de una reestructuración que alcanzó a cinco dependencias clave de la cartera judicial.
Zangaro se desempeña como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas desde 2003. La magistrada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal, reemplazará a Alejandro Melik.
Mahiques destacó su trayectoria en el ámbito judicial y anticipó que la oficialización de su cargo se realizará durante la próxima semana. Actualmente, la jueza integra también el Consejo de la Magistratura porteño.
Por otra parte, la llegada de Alejandro Ramírez a la IGJ sucede a la renuncia de Daniel Vítolo. El nuevo funcionario es un abogado egresado de la Universidad Austral que mantuvo litigios previos contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Su antecesor había iniciado investigaciones por irregularidades en dicha entidad deportiva, proceso que quedó inconcluso tras su salida del organismo. Ramírez también representó a la Asociación de Emprendedores de Argentina en acciones judiciales contra resoluciones previas de la propia IGJ.
El funcionario defendió la renovación del equipo de trabajo y calificó los pedidos de dimisión como una práctica usual ante el cambio de autoridades. El ministro sostuvo que los nuevos integrantes son profesionales de su confianza y poseen la idoneidad necesaria para las funciones asignadas.
Asimismo, descartó que la salida de los funcionarios anteriores responda a cuestionamientos sobre su desempeño técnico, sino a la voluntad de conformar una estructura propia.
La reorganización incluyó el traslado de Sebastián Amerio, exsecretario de Justicia, a la Procuración del Tesoro de la Nación. En consecuencia, Santiago María Castro Videla, quien ocupaba ese puesto, pasó a desempeñarse como subprocurador. Con estas definiciones, el Ministerio de Justicia busca unificar criterios en áreas que supervisan sociedades comerciales, fundaciones y la prevención de la corrupción administrativa.
El recambio de autoridades plantea interrogantes sobre la continuidad de las políticas de transparencia y fiscalización iniciadas meses atrás. La gestión de los nuevos titulares deberá definir si mantiene el rumbo de las investigaciones en curso o si establecerá una nueva agenda de prioridades institucionales.
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