El Estado presentó una carta ante la jueza Loretta Preska en Nueva York confirmando un principio de acuerdo con los holdouts que aún mantenían demandas activas. Entre los activos en riesgo de embargo estaban las participaciones en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Más de dos décadas después de la mayor cesación de pagos de la historia argentina, el Estado dio un paso hacia el cierre definitivo del capítulo de los fondos buitre. Anoche, el Gobierno presentó una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, confirmando un principio de acuerdo con los fondos que aún mantenían deuda soberana en default desde la crisis de 2001.
Los fondos que firmaron el acuerdo:
Las partes acordaron suspender todos los procedimientos judiciales mientras avanzan hacia el cierre definitivo. Entre las demandas que quedan en pausa figura el pedido presentado por Bainbridge en octubre de 2025, mediante el cual buscaba el embargo de la participación argentina en el Banco de la Nación y en Aerolíneas Argentinas.
“Tras muchos años de litigio, nuestros clientes llegaron a un acuerdo de principio con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes”, señaló Hranitzky en un comunicado. El consultor Sebastián Maril, de Latam Advisors y especialista en los juicios que Argentina enfrenta en el exterior, confirmó que el litigio queda suspendido “hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.
El fin de una saga de más de 20 años
Los holdouts representan menos del 3% de los tenedores originales de deuda en default que rechazaron todos los canjes ofrecidos y optaron por demandar al país. A pesar de las reestructuraciones de 2005 (Néstor Kirchner), 2010 (Cristina Kirchner) y 2016 (Mauricio Macri), este grupo de fondos mantuvo sus demandas activas durante décadas.
El año pasado lograron embargar alrededor de 310 millones de dólares tras el rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a la apelación argentina. El dinero provenía de garantías de los bonos Brady —emitidos en los años noventa— que quedaron liberadas cuando Argentina terminó de cancelar esas obligaciones en 2023.
El mayor pago a holdouts de la historia argentina ocurrió en abril de 2016, cuando el gobierno de Macri desembolsó 9.300 millones de dólares para salir del default técnico en que se encontraba el país. Ese acuerdo permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que bloqueaban los pagos al resto de los bonistas. Entre 2016 y 2019, el monto total pagado a fondos buitre ascendió a 11.000 millones de dólares.
A casi un año y medio del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el expediente judicial no registra imputados ni citaciones a testigos clave. Mientras la Cámara Federal debe resolver la apelación de querellantes rechazados, el juez ordenó el congelamiento preventivo de cuentas.
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