El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de doce desaparecidos en un predio cercano al excentro clandestino La Perla. El hallazgo, bajo tutela de la Justicia Federal, confirma la mecánica de fusilamientos y enterramientos ocurridos en Córdoba durante la dictadura.
En una resolución de gran impacto para los derechos humanos, la Justicia Federal de la provincia ha ratificado el hallazgo e identificación de los restos pertenecientes a doce víctimas del terrorismo de Estado. Los cuerpos fueron localizados en un predio colindante a lo que fuera el centro clandestino de detención La Perla. Este logro es el resultado de un exhaustivo análisis científico coordinado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en conjunto con especialistas del Instituto de Medicina Forense local, bajo la supervisión del magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Actualmente, las autoridades se encuentran en la etapa de comunicación privada con los familiares de los fallecidos. El juzgado ha indicado que mantendrá en reserva las identidades hasta obtener el consentimiento explícito de los allegados para su difusión pública. Asimismo, se aclaró que estos resultados son de carácter parcial, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos descubrimientos genéticos a medida que progresen los peritajes en la zona delimitada. Desde los organismos forenses se insistió en la importancia de que quienes buscan a sus seres queridos mantengan sus perfiles de ADN actualizados para facilitar estos cruces informativos.
Las tareas de campo en el terreno ubicado sobre la Ruta 20, entre la capital cordobesa y Villa Carlos Paz, se iniciaron en septiembre pasado tras años de recolección de testimonios. La Perla, administrada por el Tercer Cuerpo de Ejército entre 1976 y 1978, se distinguió por una metodología represiva basada en fusilamientos y enterramientos clandestinos dentro de su propio perímetro, a diferencia de los métodos de desaparición empleados en otras zonas del país. Las investigaciones históricas estiman que por estas instalaciones pasaron más de dos mil personas secuestradas.
La confirmación de estas fosas ratifica los relatos de sobrevivientes y exmilitares sobre los denominados “traslados” finales. Según el expediente judicial, las víctimas eran retiradas del centro bajo condiciones de extrema vulnerabilidad para ser ejecutadas en sectores cercanos, a menudo denominados con eufemismos por los represores. La investigación también contempla antecedentes sobre intentos de remoción de pruebas ocurridos a finales de la década del 70, maniobras que buscaban ocultar las evidencias de los crímenes ante la mirada de organismos internacionales de inspección.
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