Cuatro provincias ecuatorianas cumplen 15 días de restricción nocturna y despliegue de 75.000 uniformados. El Gobierno de Daniel Noboa busca desarticular economías criminales en las zonas más violentas, mientras organismos internacionales alertan sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos.
El presidente, Daniel Noboa, firmó el 14 de marzo el Decreto Ejecutivo 329, que estableció un toque de queda nocturno en cuatro provincias de la costa ecuatoriana: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La medida, que restringe la circulación entre las 23:00 y las 05:00, rige desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2026 y forma parte de lo que el Gobierno denominó “Ofensiva Total” contra el crimen organizado.
Las cuatro provincias seleccionadas no son territorios al azar. Concentran alrededor de 6,5 millones de personas —aproximadamente el 35% de la población nacional— y registran más de la mitad de los homicidios del país. Según las autoridades, estas zonas forman parte de un corredor estratégico que utilizan las organizaciones delictivas para operar y movilizarse.
Para ejecutar los operativos, el Gobierno movilizó a más de 75.000 efectivos entre policías y militares. El punto de mando general se instaló en Guayaquil, desde donde un general coordinó las acciones en cada subzona con la participación de la Fiscalía, la Judicatura y el Ministerio de Salud Pública.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, explicó que los operativos apuntarán a zonas identificadas por inteligencia como “núcleos de letalidad“: sectores donde operan estructuras del narcotráfico. Entre las medidas previstas figuran checkpoints en rutas principales, cercos en barrios específicos y operaciones para desarticular la logística y las finanzas de esas organizaciones.
En Guayaquil, los distritos considerados críticos fueron los primeros en recibir el despliegue. En Durán, cantón de la provincia de Guayas, la primera detención se produjo a las 23:18, apenas 18 minutos después del inicio de la restricción. En Santo Domingo, las autoridades realizaron las primeras capturas cerca de las 23:40, en la calle Río Toachi y en los alrededores de la cárcel de Bellavista.
Al cierre de la primera jornada, el Ministerio del Interior reportó 253 personas detenidas. La mayoría fueron aprehendidas por violar el toque de queda; otros casos involucraron porte de armas y tenencia de drogas.
En la provincia de Guayas, 109 personas fueron retenidas solo en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. En El Oro, los operativos dejaron 7 detenidos, entre ellos un menor de edad.
El ministro del Interior, John Reimberg, participó personalmente en los operativos de Guayaquil y pidió a la población mantener la calma ante cualquier ruido o movimiento en los alrededores de sus domicilios. “Les pido a los ecuatorianos que mantengan la calma. Es importante que cualquier cosa que puedan escuchar se mantengan en paz, en tranquilidad”, dijo en conferencia de prensa desde el Cuartel Modelo.
El decreto establece excepciones al toque de queda para personal de salud, bomberos, fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y vehículos oficiales del Estado. Los viajeros con vuelos internacionales también podrán trasladarse, siempre que presenten su documentación ante los controles.
Sin embargo, el Gobierno aclaró que no se emitirán salvoconductos formales. Quienes circulen en horario restringido deberán justificar su movilización en el momento ante la fuerza pública. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el incumplimiento puede acarrear una pena de entre uno y tres años de prisión.
Reimberg advirtió que los gremios de medios de comunicación y las industrias que operan de noche no recibirán autorizaciones especiales, una decisión que generó inquietud en varios sectores por su impacto en la actividad económica nocturna.
La “Ofensiva Total” no opera en solitario. El Gobierno confirmó que agentes del FBI ya se encuentran en Ecuador coordinando acciones con las autoridades locales, en el marco de un acuerdo bilateral que incluyó la instalación de una oficina del organismo en Quito. Esta cooperación internacional en materia de inteligencia y equipamiento es, según Reimberg, uno de los pilares de la estrategia.
Ecuador atraviesa una crisis de seguridad de rápido deterioro. En 2025 se registraron 9.216 homicidios, la cifra más alta de la que se tenga registro en el país, impulsada en gran medida por la expansión de redes del narcotráfico que utilizan los puertos ecuatorianos como plataforma de distribución hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
El comandante Dávila no descartó que la medida se extienda más allá del 30 de marzo si los resultados de los operativos así lo requieren.
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