El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria autorizó a los productores ganaderos a contratar veterinarios privados para las campañas de vacunación. La medida, que entrará en vigencia plena en 2027, generó un fuerte rechazo en Buenos Aires por posibles riesgos sanitarios.
El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 201/2026 del SENASA, estableció un cambio profundo en la estrategia sanitaria argentina. A partir de enero de 2027, los titulares de establecimientos rurales podrán elegir libremente a profesionales veterinarios acreditados para aplicar las dosis contra la fiebre aftosa y la brucelosis.
Esta normativa rompe con el esquema tradicional de entes y fundaciones provinciales, organismos que hasta ahora centralizaban la vacunación ganadera en la mayor parte del territorio nacional.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) encabezó las críticas hacia la nueva reglamentación. Los productores bonaerenses recordaron que la descentralización del sistema ya fue implementada en el pasado con resultados negativos.
Según la entidad, la libre elección derivó en una caída de las coberturas vacunales, lo que aumenta la vulnerabilidad del rodeo nacional ante posibles rebrotes de la enfermedad.
“La fiebre aftosa no se desregula, se previene”, sentenció la organización gremial en un comunicado oficial. Desde este sector del campo sostienen que el sistema de fundaciones garantiza la simultaneidad de la vacunación, un factor técnico indispensable para bloquear la circulación del virus.
Para los dirigentes de CARBAP, la fiscalización estatal centralizada es la única herramienta capaz de asegurar que ningún animal quede sin su dosis correspondiente.
En la vereda opuesta, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la asociación AACREA recibieron la actualización con una mirada más optimista, aunque mantuvieron reservas sobre cómo se garantizará la trazabilidad.
Estos sectores consideran que la competencia profesional y la ampliación de opciones para el productor agropecuario permitirán reducir los costos operativos del servicio sanitario.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la norma bajo la premisa de fomentar la libertad y la eficiencia en la prestación de servicios esenciales.
Por su parte, el SENASA informó que no resignará su capacidad de control. El organismo adaptará sus herramientas informáticas para que los veterinarios privados registren las actas de vacunación de manera digital y en tiempo real.
De esta forma, las autoridades pretenden mantener la supervisión sobre el Plan Nacional de Erradicación, delegando únicamente la ejecución de la tarea en el sector privado sin alterar la responsabilidad sanitaria final.
Argentina mantiene el estatus de país libre de fiebre aftosa con vacunación desde el año 2007. Este sello sanitario es el que permite el acceso de la carne argentina a los mercados internacionales más exigentes del mundo.
Cualquier fisura en el control preventivo podría derivar en un cierre inmediato de las exportaciones, lo que impactaría de lleno en la economía nacional y en el ingreso de divisas.
La resolución del conflicto determinará si el país puede transitar hacia un modelo de sanidad basado en la responsabilidad individual y la competencia privada, o si necesita sostener el esquema colectivo de los entes rurales. Mientras los productores exigen mayores instancias de consulta, el interrogante queda planteado: ¿es posible ganar eficiencia económica sin poner en peligro la seguridad ganadera de toda la nación?
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria autorizó a los productores ganaderos a contratar veterinarios privados para las campañas de vacunación. La medida, que entrará en vigencia plena en 2027, generó un fuerte rechazo en Buenos Aires por posibles riesgos sanitarios.
