La morosidad empresarial en Argentina crece desigualmente, afectando principalmente a las pymes, que registran un incumplimiento del 4%. Mientras las grandes corporaciones mantienen solidez, la construcción y el comercio sufren por la falta de liquidez y el elevado costo financiero.
El sistema financiero argentino enfrenta una etapa de fragilidad que trasciende el endeudamiento de los hogares. Durante el último tramo del año pasado, el incumplimiento en los créditos comerciales experimentó una aceleración notable, alcanzando una tasa de irregularidad del 2,7%. Este fenómeno refleja un deterioro sustancial en comparación con los niveles observados en 2024, cuando la cifra apenas rozaba el 1%. Según diversos relevamientos, la falta de liquidez y la ausencia de una reactivación económica clara están asfixiando la capacidad de respuesta de las unidades productivas, forzándolas a priorizar gastos operativos inmediatos por encima de sus compromisos bancarios.
La estructura del crédito local evidencia una asimetría profunda: un puñado de grandes corporaciones concentra casi la mitad del volumen de préstamos, manteniendo una conducta de pago casi impecable con apenas un 0,9% de mora. En la otra vereda, las pequeñas y medianas empresas cargan con el peso de la coyuntura, registrando un índice de morosidad que escala al 4%. Para este segmento mayoritario, el acceso al capital ha dejado de ser una palanca de crecimiento para transformarse en un recurso de supervivencia ante el encarecimiento de las tasas y el enfriamiento del mercado interno. Sectores como el inmobiliario y el retail son los más afectados, mientras que el agro y la energía logran sostener promedios más saludables gracias a su perfil exportador.
La calificadora Moody’s ha puesto el foco en la degradación de los activos bancarios, advirtiendo que la inflación persistente y la erosión del poder adquisitivo seguirán presionando la calidad de las carteras durante 2026. Aunque las entidades financieras conservan solvencia, el aumento de los préstamos en situación de riesgo amenaza con restringir aún más la oferta de crédito. Analistas de consultoras locales coinciden en que este endurecimiento de las condiciones bancarias podría generar un efecto de retroalimentación negativa, donde la dificultad para refinanciar deudas termine profundizando la parálisis de la actividad económica.
En paralelo, la radiografía de las finanzas hogareñas muestra signos de agotamiento extremo. Con más de 20 millones de ciudadanos bajo algún tipo de compromiso crediticio, la morosidad en el sector de familias promedia el 13%, trepando hasta un alarmante 24,6% en el ámbito de las financieras no bancarias y fintech. Este alto nivel de apalancamiento, utilizado en gran medida para cubrir necesidades básicas durante los últimos dos años, representa un obstáculo para cualquier intento de reactivación. Los especialistas advierten que, incluso ante una eventual mejora de los ingresos reales, el flujo de dinero se destinará prioritariamente a regularizar deudas previas, postergando cualquier repunte significativo en la demanda de bienes y servicios.
Las grandes cadenas de supermercados y las empresas alimenticias analizan reducir los descuentos masivos ante la caída de la rentabilidad. Actualmente, el 85% de las ventas en góndola depende de los beneficios, arrojando saldos negativos en varias categorías de consumo masivo.
Un estudio de Latam Pulse ubica a la corrupción como la mayor preocupación ciudadana, superando al desempleo y la inflación. El informe revela un marcado pesimismo sobre el rumbo de la economía y una desaprobación del 58% hacia la gestión del gobierno.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias amarillas por temperaturas bajo cero y vientos intensos. La masa de aire frío afectará Buenos Aires y otras nueve provincias, registrándose heladas generales y neblinas antes de un leve alivio térmico hacia el jueves.
La Casa Rosada reactiva la presión en el Congreso para derogar las elecciones primarias, pero choca contra la resistencia de la oposición dialoguista. Diego Santilli y Patricia Bullrich lideran las negociaciones en un Senado donde el oficialismo sigue lejos de la mayoría.
La justicia federal peritará el celular de Jésica Cirio para constatar el origen de un video con millones de dólares, coordinando inspecciones en San Vicente y Palermo. Paralelamente, la defensa de Martín Insaurralde solicitó anular la filmación alegando un presunto hackeo.
El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo reservado para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria detecte de forma temprana la trata de personas. La normativa moderniza las pautas de acción ante delitos transnacionales y prioriza el resguardo de las víctimas.
El Gobierno argentino autorizó a Avianca a operar nuevas rutas regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y las ciudades colombianas de Cali y Cartagena. La medida busca potenciar el turismo regional y optimizar la logística comercial bilateral.
Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, acusados por el femicidio y encubrimiento de Agostina Vega, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad en Cruz del Eje. La justicia cordobesa ordenó la medida por razones de vigilancia permanente tras dictarles prisión preventiva.
