Al menos dos fiscalías federales de Estados Unidos indagan si el presidente colombiano mantuvo encuentros con narcotraficantes y si su campaña de 2022 solicitó donaciones a estos, según el New York Times. Las investigaciones están en fase inicial y aún no hay cargos formales.
La Justicia de Estados Unidos inició una investigación penal contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para determinar si mantuvo vínculos con estructuras del narcotráfico internacional. Según revelaron fuentes cercanas al proceso al diario The New York Times, las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn lideran las pesquisas de manera independiente.
Los investigadores, entre los que se encuentran agentes de la DEA (Administración de Control de Drogas) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), centran su atención en dos ejes principales.
El primero busca confirmar supuestos encuentros personales entre el mandatario y figuras del tráfico de drogas. El segundo analiza si la campaña presidencial de 2022 solicitó o recibió donaciones económicas de estas organizaciones.
La noticia surge tras un periodo de marcadas oscilaciones en la relación bilateral. Durante 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una postura hostil hacia Petro, que incluyó la revocación de su visado y la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. El gobierno estadounidense argumentó que, bajo la administración actual, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos.
No obstante, en febrero de 2026, ambos mandatarios mostraron señales de distensión tras una reunión en la Casa Blanca. Pese a este acercamiento diplomático, las sanciones del Departamento del Tesoro contra Petro, su esposa y su hijo mayor permanecen vigentes desde octubre pasado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) basó estas medidas en declaraciones del hijo del presidente, quien admitió ante autoridades colombianas el ingreso de fondos irregulares a la campaña de su padre.
El desarrollo de estas indagaciones ocurre a menos de tres meses de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el 31 de mayo. Mientras que sectores de la oposición consideran que estos procesos validan sus críticas sobre la seguridad nacional, los aliados de Petro denuncian una interferencia extranjera en la soberanía del país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial y, hasta el momento, las investigaciones no han derivado en cargos formales. Históricamente, las autoridades estadounidenses suelen esperar a que los jefes de Estado concluyan sus mandatos antes de proceder con acusaciones públicas o pedidos de extradición, como sucedió anteriormente con mandatarios de la región.
Petro, quien concluirá su periodo el próximo 7 de agosto, negó reiteradamente las acusaciones. El mandatario sostuvo que las cifras de incautación de estupefacientes durante su gestión superan a las de sus predecesores y calificó las investigaciones como una estrategia de sus adversarios políticos.
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