El local D’Lirio, ubicado frente al cementerio de Recoleta, funcionó como prostíbulo encubierto entre 2022 y 2024. El juez federal Sebastián Casanello procesó a nueve hombres por trata de personas y explotación sexual de 50 mujeres, dos de ellas menores de edad.
Todo comenzó con una llamada anónima al 145, la línea gratuita de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). El 6 de abril de 2022, un denunciante describió que bajo la fachada del boliche D’Lirio, en Vicente López 2134, funcionaba un prostíbulo encubierto donde se explotaba a mujeres. Casi cuatro años después, la Justicia llegó a su conclusión.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a nueve hombres por trata de personas agravada, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres —algunas menores de edad— y trabó embargos por $7.800 millones sobre sus bienes.
El local operaba de lunes a domingo, de 22 a 6, con acceso exclusivo para hombres mediante reserva previa. Aunque contaba con habilitación comercial como bar y restaurante, su función principal era la explotación sexual. Las víctimas eran captadas a través de Instagram, Facebook y WhatsApp con ofertas laborales disfrazadas bajo el término “presencias”.
Una vez dentro del esquema, las mujeres no podían retirarse antes de las 6.30 y debían tolerar abusos de los clientes con el aval de los organizadores. Los encuentros sexuales se concretaban en un hotel alojamiento cercano y en los hoteles Alvear y Faena, con tarifas de entre 150 y 500 dólares por encuentro. Los organizadores retenían un mínimo de 100 dólares de cada cita.
La estructura de la organización
Según el expediente, el local operaba bajo la sociedad Gran Recoleta S.A., utilizada como pantalla para obtener habilitaciones comerciales. La organización tenía roles claramente definidos: captación por redes sociales, administración general, asignación de clientes, registro de ganancias y coordinación logística diaria.
El juez Casanello procesó a cinco de los acusados como presuntos coautores y a cuatro como partícipes necesarios. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°12, conducida por la fiscal Mángano, también titular de la Protex junto a su colega Marcelo Colombo. El allanamiento que desarticuló el local se realizó el 9 de julio de 2024.
El régimen interno del local era estricto. Se regulaba el acercamiento a los clientes, el tipo de acuerdo permitido y el dinero que debía quedar en manos de los dueños. Las mujeres eran, según la resolución judicial, “exhibidas como objetos” en un esquema de control diseñado para maximizar la recaudación.
El negocio aceptaba efectivo, tarjetas, Mercado Pago y transferencias. Los clientes habituales tenían cuentas corrientes registradas en cuadernos. Las mesas se “compraban” por entre 200.000 y 500.000 pesos.
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