La justicia tucumana suspendió el juicio contra exdirectivos del ingenio La Fronterita por complicidad en la dictadura. La postergación, por motivos de salud de un imputado, genera temor a la “impunidad biológica” en una causa que investiga a 68 víctimas.
A solo horas de dar comienzo, la justicia federal tucumana resolvió frenar por tiempo indeterminado el debate oral que debía analizar la participación empresarial en crímenes de lesa humanidad. El proceso apunta a exdirectivos de la firma azucarera acusados de facilitar su infraestructura al Ejército para el funcionamiento de un centro clandestino durante el Operativo Independencia y la dictadura. La resolución del tribunal, fundamentada en la necesidad de nuevos peritajes médicos para uno de los imputados, reavivó los temores de las querellas sobre la “impunidad biológica”, un fenómeno donde la avanzada edad y los fallecimientos de los acusados terminan clausurando la posibilidad de una sentencia efectiva.
La causa, que investiga tormentos y secuestros contra 68 trabajadores y gremialistas, ha sufrido constantes dilaciones durante más de una década. De los seis empresarios señalados originalmente, tres murieron sin ser juzgados y otro fue apartado por problemas de salud. Actualmente, solo Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori permanecen bajo la lupa judicial. Este escenario evoca inevitablemente lo ocurrido en Jujuy con Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, quien falleció impune tras años de recursos legales que postergaron su juicio hasta que su estado cognitivo le impidió afrontar las audiencias. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que se está repitiendo un patrón de obstrucción que favorece a los sectores con mayor poder económico.
La investigación detalla cómo el predio de La Fronterita, en Famaillá, fue utilizado por las fuerzas represivas para instalar bases militares y lugares de reclusión ilegal conocidos como “Los Conventillos” y “El Tambo”. Según los testimonios, la administración del ingenio no solo habría cedido el terreno, sino que también proporcionó movilidad y listados detallados de empleados con actividad sindical. El objetivo principal de esta alianza fue desarticular a la FOTIA, la combativa federación de trabajadores azucareros, cuya cúpula fue diezmada mediante desapariciones y asesinatos coordinados entre la gerencia y las tropas militares que operaban en la zona.
Para los hijos de las víctimas, como los de Fidel Jacobo Ortiz —dirigente gremial desaparecido en 1976—, cada retraso es un golpe a la memoria. Relatan que tras el secuestro de sus padres, las familias eran expulsadas de las viviendas del ingenio, quedando en la absoluta indigencia. Mientras los acusados han llegado a recibir distinciones municipales en años recientes, los sobrevivientes advierten que la paciencia frente a los tiempos del Poder Judicial se está agotando. Sin una nueva fecha para el inicio de las audiencias, el fantasma de que el juicio quede en la nada por el simple paso del tiempo sobrevuela el sur tucumano.
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