La justicia procesó a nueve hombres por explotar sexualmente a cincuenta mujeres en el boliche D’Lirio de Recoleta. El local facturó 1500 millones de pesos bajo una fachada legal, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas mediante estrictos controles y pagos mínimos.
Una investigación judicial ha desnudado el funcionamiento de una red de explotación sexual que operaba bajo la apariencia de un boliche nocturno en el barrio de Recoleta. La sociedad comercial Gran Recoleta SA, encargada del establecimiento situado frente al histórico cementerio porteño, movilizó sumas astronómicas entre 2021 y 2024. Según el magistrado Sebastián Casanello, el local facturó más de 1500 millones de pesos a través de canales bancarios, aunque se estima que una cifra igual de significativa circulaba de forma clandestina. Este flujo de efectivo, compuesto por pesos y dólares provenientes mayoritariamente de turistas, permitía a la organización mantener un circuito económico opaco y ajeno a cualquier control fiscal.
El juez federal dictó el procesamiento de nueve individuos vinculados a la logística del comercio, señalándolos como responsables de montar un esquema de captación de mujeres vulnerables. La causa, que cobró impulso tras una denuncia recibida en la línea 145, reveló que el local funcionaba como un prostíbulo encubierto donde se explotaba a cincuenta víctimas, incluidas dos adolescentes. Tal como consignó La Nación, el magistrado impuso un embargo preventivo sobre el patrimonio de los acusados por un total de 7800 millones de pesos. La estructura delictiva contaba con roles jerárquicos definidos, desde reclutadores en redes sociales hasta administradores que gestionaban las reservas de mesas, cuyos precios oscilaban entre los 200 mil y 500 mil pesos.
Las declaraciones obtenidas mediante Cámara Gesell permitieron reconstruir el régimen de sometimiento al que eran obligadas las jóvenes. Las mujeres debían cumplir un horario estricto, de 22:00 a 06:00 horas, y su tarea principal consistía en fomentar el consumo de alcohol entre los clientes para maximizar las ganancias de la empresa. A cambio de estas “presencias”, percibían pagos fijos que apenas cubrían sus traslados, lo que las forzaba a concretar encuentros sexuales fuera del local para subsistir. El fallo judicial destaca que la falta de barreras físicas no impedía la coacción, ya que se utilizaba la necesidad económica y un sistema de multas por impuntualidad para doblegar la voluntad de las víctimas, replicando modelos de negocios ilícitos ya conocidos en la Ciudad de Buenos Aires.
La fiscalía, encabezada por Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, utilizó la figura de “agentes reveladores” para confirmar la mecánica de los servicios ofrecidos. Los investigadores comprobaron que las tarifas por los encuentros sexuales se pactaban directamente en moneda extranjera, con valores que llegaban a los 500 dólares. Los intercambios se consumaban en establecimientos de alojamiento situados en las inmediaciones, previo pago de consumiciones obligatorias en el bar. Este complejo engranaje permitía a los dueños del boliche presentarse como empresarios lícitos mientras obtenían beneficios directos de la mercantilización de los cuerpos, disfrazando el abuso bajo una cínica fachada de seguridad y entretenimiento nocturno.
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