La justicia de Río de Janeiro define en estas horas el monto de la caución y el retiro de la tobillera electrónica. La fiscalía exige un pago de US$50.000 para cada una de las tres víctimas. La abogada santiagueña admitió que no sabe cómo afrontará el costo tras tres meses sin trabajar.
El proceso contra Agostina Páez (29) entró en su cuenta regresiva. Tras el acuerdo para reducir los cargos de injuria racial a un “delito continuado”, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte debe resolver la ingeniería logística para su liberación. El primer requisito para que la joven pueda salir de Brasil es el depósito inmediato del 50% de la caución que se fije en las próximas horas.
A pesar del alivio por evitar una pena de hasta 15 años de prisión, la situación financiera de la abogada es compleja. La fiscalía solicitó una reparación total de US$150.000, suma que Páez calificó como un desafío difícil de costear. “Hace tres meses que estoy sin trabajar, no sé cómo se va a resolver ese tema”, confesó al salir del tribunal.
| Cronograma de Regreso | Estado del Trámite |
| Definición de caución | Pendiente (Resolución en 24-48 hs) |
| Pago de fianza | Exigencia del 50% para autorizar salida |
| Retiro de tobillera | Trámite logístico posterior al pago |
| Regreso a Santiago | Estimado para finales de esta semana |
El caso derivó en una inesperada disputa en Argentina. El canciller Pablo Quirno celebró el desenlace como un éxito de la gestión consular y la coordinación con la defensa. Sin embargo, la diputada Marcela Pagano —quien actúa como fiadora en la causa— cruzó duramente al funcionario, atribuyendo el avance a la “diplomacia parlamentaria” y a gestiones personales del expresidente Alberto Fernández con Brasil.
Ante la polémica, la defensa de Páez optó por una postura salomónica, agradeciendo tanto el apoyo jurídico de la Cancillería como la “solidaridad” de la diputada Pagano y el exmandatario para destrabar el conflicto.
Páez adelantó que, una vez en Santiago del Estero, buscará utilizar su experiencia para concientizar sobre la severidad de las leyes brasileñas contra el racismo. “Quiero llevar esto como una enseñanza; allá en Argentina no se habla tanto de este tema con la profundidad que tiene aquí”, explicó.
“He dicho la verdad y he pedido perdón personalmente a cada una de las víctimas”, afirmó la joven, quien aún permanece bajo monitoreo electrónico en Río de Janeiro.
El fallo definitivo, que también incluirá la obligación de realizar trabajos comunitarios en Argentina bajo supervisión bilateral, se conocerá una vez que el juez evalúe los tratados de cooperación internacional vigentes entre ambos países.
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