A 50 años del golpe, persiste la demanda de justicia por la complicidad empresarial con la dictadura argentina. Casos como el de Mercedes-Benz, reportados por DW, evidencian denuncias de entregas de sindicalistas, mientras el gobierno de Milei genera fuertes controversias negacionistas.
A cinco décadas de la ruptura institucional de 1976, la sociedad argentina continúa profundizando en las heridas del terrorismo de Estado. Durante aquel periodo, caracterizado por la supresión de garantías constitucionales y la desaparición de 30,000 ciudadanos, el movimiento obrero fue un blanco prioritario de las fuerzas represivas. No obstante, diversas investigaciones judiciales y académicas sugieren que el aparato militar no actuó solo: existió un componente civil y empresarial determinante. Según reporta la DW, especialistas en derechos humanos señalan que la rendición de cuentas de las élites económicas avanza con una lentitud exasperante debido a la proximidad social entre los directorios de las grandes compañías y los estratos del Poder Judicial.
Uno de los casos más emblemáticos de esta supuesta colaboración involucra a la multinacional de origen alemán Mercedes-Benz. Sobrevivientes y familiares de empleados desaparecidos en las plantas de Buenos Aires durante los años 70 sostienen que la gerencia local facilitó datos personales de delegados sindicales a los grupos de tareas. Wolfgang Kaleck, referente del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, ha documentado testimonios como el de Héctor Ratto, quien afirma haber sido entregado a los militares en la propia oficina de un directivo. Estas acusaciones, que vinculan el incremento de la productividad con la eliminación de la resistencia gremial, son el eje de una batalla legal que busca evitar que la responsabilidad corporativa quede en el olvido.
Frente a estos señalamientos, la actual estructura de Mercedes-Benz sostiene una posición de rechazo a las imputaciones. La empresa manifiesta que investigaciones independientes realizadas hace dos décadas no hallaron evidencias concluyentes que vinculen a la dirección de aquel entonces con el destino final de los trabajadores secuestrados. Desde la corporación se califican como infundadas las versiones que sitúan a la compañía como instigadora de la violencia estatal, defendiendo que los procesos de auditoría externa no ratificaron la narrativa de una entrega sistemática de activistas a las fuerzas de seguridad.
El legado de la dictadura enfrenta hoy un clima de polarización bajo la gestión de Javier Milei. El actual mandatario ha generado controversia al cuestionar la cifra simbólica de desaparecidos y al reflotar la “teoría de los dos demonios”, equiparando el terror sistemático desde el Estado con el accionar de organizaciones guerrilleras previas al golpe. Esta postura ha activado alarmas en organismos de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil, quienes ven en el recorte de fondos para sitios de memoria y en el discurso oficial un intento de desmantelar el consenso social del “Nunca Más”. Para muchos activistas, el aniversario del golpe se ha transformado no solo en un tributo a las víctimas, sino en un acto de resistencia frente a las narrativas que buscan relativizar el pasado.
La Secretaría de Transporte suspendió los subsidios a varias líneas de colectivos tras detectar inconsistencias en una auditoría de fondos. Mientras el Gobierno investiga presuntos desvíos millonarios, las empresas denuncian un “ahogo financiero” por el aumento de costos y la falta de pagos.
Desde 1984, el EAAF aplica la ciencia forense para identificar víctimas de la dictadura argentina, convirtiéndose en un referente global. Con un método interdisciplinario, el equipo ha restituido restos en más de sesenta países, transformando hallazgos óseos en pruebas judiciales fundamentales.
Manuel Adorni retoma hoy sus conferencias en Casa Rosada para aclarar polémicas sobre sus viajes y patrimonio. Mientras tanto, la interna oficialista recrudece tras la aparición de afiches que vinculan a la vicepresidenta Victoria Villarruel con sectores del peronismo tradicional.
La UBA reafirmó su prestigio en el ranking QS 2026 con cinco disciplinas entre las 50 mejores del mundo. Pese al éxito académico, las autoridades universitarias alertan que el ajuste presupuestario y la crisis salarial ponen en riesgo la excelencia institucional.
La CIA premiará a la SIDE en abril por la creación del Centro Nacional Antiterrorismo, calificado como un hito regional. Bajo la gestión de Cristian Auguadra, la nueva doctrina de inteligencia prioriza la ciberseguridad, la protección de recursos estratégicos y la soberanía.
El Gobierno de Javier Milei relanza su agenda con actos y conferencias para frenar la interna oficialista. Pese al discurso optimista sobre la inflación, las encuestas de marzo de 2026 reflejan una caída en la confianza y creciente preocupación por el desempleo.
A 50 años del golpe, persiste la demanda de justicia por la complicidad empresarial con la dictadura argentina. Casos como el de Mercedes-Benz, reportados por DW, evidencian denuncias de entregas de sindicalistas, mientras el gobierno de Milei genera fuertes controversias negacionistas.
El gobierno de José Antonio Kast retiró el aval de Chile a la postulación de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. Pese a esto, la expresidenta mantiene su candidatura con el apoyo de México y Brasil para 2026.
