La Asamblea General aprobó resolución para reconocer la trata transatlántica como delito de lesa humanidad imprescriptible. Argentina, Estados Unidos e Israel votaron en contra, mientras el bloque europeo se abstuvo ante la posibilidad de reparaciones económicas y restitución de bienes.
La Asamblea General de las Naciones Unidas calificó formalmente la trata transatlántica de africanos esclavizados como el crimen más grave contra la humanidad. Esta iniciativa, que fue impulsada por una coalición de 60 países bajo el liderazgo de Ghana, recibió 123 votos a favor.
El documento establece que este sistema de explotación se extendió por cuatro siglos y constituye una violación del derecho internacional que no prescribe, cuyas consecuencias todavía afectan la estructura social y económica del presente.
Argentina se ubicó en una posición minoritaria al votar en contra de la medida, alineándose con las posturas de Estados Unidos e Israel. Francisco Fabián Tropepi, representante ante el organismo, respaldó el argumento de Washington sobre la falta de base legal para exigir reparaciones por hechos del pasado.
Por otro lado, un grupo de 52 naciones, donde destacan los miembros de la Unión Europea y Gran Bretaña, prefirió la abstención debido a dudas sobre la aplicación retroactiva de las leyes internacionales.
El texto aprobado detalla los mecanismos jurídicos que históricamente legitimaron estas atrocidades, mencionando desde las bulas papales del siglo XV hasta el Código Negro francés. Entre los puntos más críticos se resalta el principio de partus sequitur ventrem, una norma que determinaba que la condición de esclavo se heredaba por vía materna.
De esta manera, el régimen convirtió la reproducción humana en una herramienta de acumulación de capital y estableció jerarquías raciales que rigieron el orden global.
La cuestión de la justicia reparadora es el eje que generó mayores fricciones durante el debate. La resolución exhorta a los Estados a iniciar diálogos que incluyan disculpas formales, indemnizaciones y garantías de no repetición de estos hechos.
Asimismo, se incluyó un pedido para la restitución de bienes culturales y documentos históricos que fueron extraídos de sus países de origen durante el periodo colonial. António Guterres, secretario general de la ONU, insistió en que la esclavitud devastó comunidades enteras y requiere una reparación genuina.
Este posicionamiento ocurre en un momento de especial sensibilidad para la diplomacia argentina. Recientemente, expertos de Naciones Unidas señalaron un retroceso en el liderazgo del país en materia de derechos humanos, vinculando el voto en Nueva York con un cambio de rumbo en las políticas de memoria locales.
Mientras las naciones africanas ven este paso como un camino hacia la sanación, las potencias occidentales mantienen sus reservas frente a las posibles obligaciones financieras que este reconocimiento podría acarrear.
El futuro de esta declaración dependerá ahora de la voluntad política para transformar lo simbólico en acciones concretas. Queda planteado el interrogante sobre si este consenso podrá modificar las desigualdades heredadas o si la falta de apoyo de los países centrales limitará el alcance de las reparaciones propuestas para las poblaciones afrodescendientes.
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