La Fiscalía solicitó doce medidas de prueba para verificar bienes del Jefe de Gabinete tras denuncia por enriquecimiento ilícito. El proceso busca clarificar la compra de una casa en un country y un departamento en Caballito.
La Fiscalía solicitó doce medidas de prueba para verificar bienes del Jefe de Gabinete tras denuncia por enriquecimiento ilícito. El proceso busca clarificar la compra de una casa en un country y un departamento en Caballito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar la licitud de su crecimiento patrimonial. El requerimiento, presentado ante el juez Ariel Lijo, surge tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario y un incremento patrimonial que rondaría el 500%.
La fiscalía centró su atención en dos propiedades recientes vinculadas al entorno familiar de Adorni. La primera es el lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, cuya unidad funcional figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Según registros inmobiliarios, casas similares en dicho predio oscilan entre los 129.000 y 249.000 dólares.
Asimismo, los investigadores buscan precisiones sobre un departamento en el barrio porteño de Caballito, ubicado en la calle Miró al 500. Aunque Adorni fijó allí su domicilio legal, la propiedad no figuraría en sus activos declarados públicamente.
Al respecto, el Jefe de Gabinete sostuvo que cualquier omisión responde a que los plazos de presentación de las declaraciones juradas aún no han vencido.
El pedido de Pollicita incluye un exhaustivo relevamiento de los movimientos financieros de Silvia Pais y Norma Zuccolo, madre y familiar de Adorni. Ambas figuran como prestamistas del funcionario a través de “mutuos” que justificaron la incorporación de divisas en efectivo y vehículos, como una Jeep Compass Sport adquirida en 2024.
El fiscal solicitó al Colegio de Escribanos y a la Inspección General de Justicia (IGJ) informes sobre sociedades, escrituras y cesiones de derechos. Además, requirió a la Secretaría General de la Presidencia el legajo completo de Adorni para cotejar sus ingresos oficiales, viáticos y gastos de representación con su nivel de vida.
La causa unifica también la investigación por un polémico viaje familiar a Punta del Este realizado en avión privado. Mientras la Oficina Anticorrupción debe remitir las declaraciones reservadas, la justicia busca determinar si existe un desfasaje entre los ingresos declarados y los activos adquiridos.
El avance del proceso depende ahora del juez Ariel Lijo, quien deberá decidir sobre las doce medidas de prueba. El caso plantea un interrogante sobre la transparencia en la función pública y si el Jefe de Gabinete podrá justificar documentalmente su salto patrimonial.
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