El Ejecutivo Federal presentó un desglose de 132,534 registros de desapariciones acumulados desde 2006. Según el informe, solo el 33% de los casos cuenta con datos completos y carece de actividad oficial reciente, mientras el resto presenta inconsistencias o registros administrativos.
La administración que encabeza la presidenta de la Nación, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes una actualización detallada sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
El informe, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fragmentó la cifra histórica de 132,534 personas en tres categorías principales basadas en la calidad de la información y la actividad administrativa de los sujetos.
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, explicó que el primer grupo abarca a 46,742 personas, equivalente al 36% del total, cuyos registros poseen datos insuficientes. Estos expedientes carecen de elementos básicos como nombre completo, sexo o lugar de los hechos.
La funcionaria señaló que, en años anteriores, el sistema permitía ingresos con apodos o nombres de establecimientos comerciales, lo que actualmente imposibilita las labores de búsqueda sistemática.
Un segundo rubro agrupa a 40,308 registros (31%) que, a pesar de estar reportados como desaparecidos, muestran actividad oficial posterior a la fecha de su extravío. Figueroa Franco detalló casos donde personas con reporte vigente realizaron trámites ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o acudieron a jornadas de vacunación.
El Gobierno Federal implementó una estrategia de visitas domiciliarias y llamadas para obtener pruebas de vida que permitan actualizar formalmente estos estatus.
El análisis reveló que el 33% de los casos, correspondiente a 43,128 registros, cuenta con datos completos pero no presenta actividad administrativa alguna.
No obstante, la titular del SESNSP reconoció una brecha institucional: de ese universo de personas plenamente identificadas como desaparecidas, solo 3,869 cuentan con una carpeta de investigación abierta en las fiscalías estatales.
La mayoría de los expedientes permanecen únicamente como reportes administrativos sin seguimiento judicial.
La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que este proceso de depuración se realiza con transparencia y en colaboración con colectivos de búsqueda y organismos internacionales.
Afirmó que el fortalecimiento de los protocolos permitirá identificar si las desapariciones están vinculadas a delitos como el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.
La reclasificación de los datos sitúa ahora la responsabilidad en las fiscalías locales, encargadas de completar los expedientes y formalizar las investigaciones. Ante este nuevo panorama estadístico, queda pendiente observar si la reducción de las cifras oficiales se traduce en una localización efectiva de las víctimas o si se mantiene como un ajuste burocrático de los registros nacionales.
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