La crisis diplomática entre Argentina e Irán alcanzó un punto de no retorno.
La crisis diplomática entre Argentina e Irán alcanzó un punto de no retorno.

La crisis diplomática entre la República Argentina y el régimen de Irán alcanzó un punto de no retorno. En una decisión de extrema gravedad institucional, el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires, y le ordenó abandonar el territorio nacional en un plazo perentorio de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería, bajo la firma del canciller Pablo Quirno, amparándose en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Este mecanismo jurídico permite a un Estado receptor expulsar a un agente diplomático sin necesidad de brindar explicaciones formales, aunque en este caso, el Palacio San Martín fue explícito en los motivos.
La expulsión es la respuesta directa al amenazante comunicado emitido ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. En dicho texto, el régimen teocrático no solo calificó de “ilegal e injustificada” la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, sino que advirtió sobre una supuesta “responsabilidad internacional” para el Estado argentino.
Desde Teherán, se acusó al presidente Milei y a su canciller de ser “cómplices de crímenes” y de actuar bajo la influencia de los Estados Unidos e Israel. Para la Casa Rosada, estas declaraciones constituyeron una “inaceptable injerencia en los asuntos internos” y una “tergiversación deliberada” del ordenamiento jurídico nacional.
El comunicado de Cancillería elevó el tono al vincular esta crisis con la histórica impunidad en las causas por los atentados de los años 90. Argentina remarcó la “persistente negativa” de Irán a colaborar con la Justicia en la investigación del ataque a la AMIA, señalando el incumplimiento sistemático de las alertas rojas de Interpol que pesan sobre exfuncionarios del régimen.
“Resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, reza el texto oficial, en clara referencia a la estructura militar que el Gobierno acaba de proscribir.
La secuencia de las últimas 48 horas marca un quiebre definitivo en el vínculo bilateral:
Designación terrorista: Argentina incluye a la Guardia Revolucionaria en el RePET por su rol en los atentados de 1992 y 1994.
Amenaza iraní: El régimen advierte consecuencias y califica la medida como una “ofensa imperdonable”.
Expulsión: El Gobierno de Milei responde echando al encargado de negocios, vaciando de hecho la representación diplomática de Irán en el país.
Con esta decisión, la Argentina reafirma un alineamiento estratégico total con las potencias occidentales que hoy confrontan militarmente con Teherán en Medio Oriente. “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias”, concluye el comunicado, dejando claro que la lucha contra el terrorismo internacional es, hoy más que nunca, el eje central de su política exterior.
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Ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº5 de la Capital Federal, la fiscalía pidió prisión perpetua para Justo Fernando Barrientos por quemar deliberadamente a cuatro mujeres en Barracas y causar tres muertes motivadas por odio.
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