Defensa de la propiedad privada y fuertes cruces políticos marcaron la visita de Federico Sturzenegger al Senado. El ministro detalló reformas en desalojos y expropiaciones ante una oposición que centró sus críticas en el historial económico del funcionario y el impacto social de las medidas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asistió ayer al Senado de la Nación para exponer los lineamientos del proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
Durante el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, el funcionario sostuvo que el respeto a estos derechos es el “insumo” principal que Argentina omitió para atraer inversiones, especialmente en sectores como la minería.
La iniciativa, que consta de 53 artículos divididos en seis capítulos, propone modificaciones sustanciales en la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial, y la Ley de Manejo del Fuego.
Entre los puntos más destacados, Sturzenegger detalló la implementación de “juicios sumarísimos” para agilizar los desalojos en casos de usurpación o falta de pago de alquileres, además de eliminar restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales, salvo en casos que afecten la seguridad nacional.
La jornada estuvo marcada por una alta tensión dialéctica. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, inició la ronda de preguntas centrando su intervención en el historial profesional del ministro.
El senador formoseño vinculó a Sturzenegger con el “Megacanje” del año 2001 y la emisión de Lebacs durante el gobierno de Mauricio Macri, calificándolo como responsable de procesos que derivaron en crisis económicas.
En la misma línea, el senador Martín Soria definió la presencia del funcionario como una “provocación” y lo acusó de haber participado en gestiones que afectaron los ahorros de los ciudadanos.
La bancada opositora también utilizó el espacio para consultar sobre la situación patrimonial de otros miembros del gabinete, como el jefe de Gabinete Manuel Adorni, alejando por momentos la discusión del articulado específico de la ley.
Sturzenegger rechazó las acusaciones y atribuyó los cuestionamientos a una falta de autocrítica de la gestión anterior. El ministro defendió la necesidad de reformar la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, calificando a esta última como un “dislate” por impedir el cambio de destino productivo de suelos incendiados durante 30 años.
Respecto a la regularización de barrios populares, el funcionario sentenció que el modelo actual fracasó. Por su parte, senadores oficialistas como Ezequiel Atauche respaldaron la norma, señalando que en provincias como Jujuy la propiedad privada se vio vulnerada por grupos políticos. La senadora Anabel Fernández Sagasti manifestó su preocupación por la posible extranjerización de recursos estratégicos y acuíferos ante la desregulación propuesta.
El encuentro finalizó sin dictamen, dejando planteado un escenario de difícil consenso. El futuro de la propiedad privada en el marco legal argentino queda ahora supeditado a la capacidad del oficialismo para desarticular las críticas políticas y centrar el debate en la viabilidad técnica de los 53 artículos propuestos.
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