Diputados de Provincias Unidas presentaron un nuevo proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas ratificadas por corrupción y otros delitos graves. La iniciativa incluye a deudores alimentarios, buscando replicar a nivel nacional el modelo de integridad santafesino.
El bloque Provincias Unidas ha reintroducido en la Cámara Baja una propuesta normativa que busca establecer estándares de integridad para quienes aspiren a funciones públicas. Bajo el liderazgo de Gisela Scaglia, aliada estratégica del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, la iniciativa pretende inhabilitar a ciudadanos que posean condenas ratificadas por tribunales de alzada en delitos de gravedad institucional. El texto abarca desde actos de corrupción y malversación de fondos estatales hasta crímenes de narcotráfico, trata de personas y abusos, fijando un límite ético a la competencia electoral.
Una de las innovaciones de este proyecto es la inclusión de los morosos en el pago de cuotas alimentarias dentro de la lista de personas restringidas para postularse. Según los autores de la medida, esta cláusula busca trasladar el modelo de control que ya rige en la provincia de Santa Fe al ámbito nacional. La restricción comenzaría a regir desde la confirmación de la sentencia por una instancia superior y se extendería hasta una década después de haberse extinguido la condena, dejando en manos de la Justicia Electoral la validación de cada lista de candidatos.
La intención de reflotar este debate surge tras el controvertido rechazo que la norma sufrió en la Cámara Alta durante 2024. En aquel momento, la propuesta no alcanzó el apoyo necesario por apenas un voto, en medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el sector mayoritario de la oposición. Mientras algunos bloques denunciaron pactos de impunidad para permitir candidaturas de figuras con procesos judiciales abiertos, el Gobierno se desmarcó señalando que otros sectores buscaban réditos partidarios apresurados antes de los comicios.
Desde la bancada de Scaglia argumentan que la idoneidad para ejercer el poder no es un derecho absoluto y debe estar supeditada al respeto por la legalidad vigente. El proyecto se apoya en legislaciones comparadas de países como Brasil o España para justificar la razonabilidad de las limitaciones. En un clima de alta fragmentación parlamentaria, el nuevo intento de sancionar la “Ficha Limpia” pone nuevamente a prueba las alianzas entre el PRO, la UCR y la estructura libertaria, en un contexto donde la transparencia institucional vuelve a ser el eje de la discusión política.
El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de catorce embajadas colombianas. La medida rompe vínculos diplomáticos con Cuba y Nicaragua por motivos ideológicos, y revierte la expansión en África planteada por Gustavo Petro para reducir gastos.
Axel Kicillof respaldó la eliminación de límites a la reelección de intendentes bonaerenses para que la ciudadanía decida en las urnas. La postura provocó el apoyo del peronismo y el rechazo opositor frente a la norma vigente.
El primer ministro británico Andy Burnham se reunió con Volodímir Zelenski y cedió a Ucrania la patente de inhibidores tecnológicos para drones. El acuerdo autoriza la producción local de estos dispositivos para reforzar la defensa frente al despliegue ruso.
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, presentó a los primeros integrantes de su gabinete para el período 2026-2031: Luis Galarreta en la Jefatura de Gabinete, Elmer Cuba en Economía y Carlos Espá en Cancillería. El resto jurará este martes.
Rumania paralizó de forma preventiva la unidad 1 de la central nuclear Cernavoda debido al bajo nivel del río Danubio por la sequía. Para cubrir el déficit eléctrico resultante, el país recurrirá a la importación de energía.
Una misión de la ONU pidió al Gobierno de Venezuela reconsiderar su salida de la Corte Penal Internacional. El organismo advirtió que denunciar el Estatuto de Roma busca eludir la rendición de cuentas y profundiza la impunidad en el país.
Haití fijó para el 13 de diciembre sus primeras elecciones en diez años, incluyendo presidenciales y un referendo constitucional. No obstante, la autoridad electoral advirtió que la votación dependerá de lograr estabilidad ante la violencia de las pandillas.
Nicaragua pospuso para septiembre el tratamiento parlamentario de la reforma constitucional que busca proscribir a las fuerzas opositoras en las elecciones. La medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega, genera un fuerte rechazo en la comunidad internacional.
