Diputados de Provincias Unidas presentaron un nuevo proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas ratificadas por corrupción y otros delitos graves. La iniciativa incluye a deudores alimentarios, buscando replicar a nivel nacional el modelo de integridad santafesino.
El bloque Provincias Unidas ha reintroducido en la Cámara Baja una propuesta normativa que busca establecer estándares de integridad para quienes aspiren a funciones públicas. Bajo el liderazgo de Gisela Scaglia, aliada estratégica del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, la iniciativa pretende inhabilitar a ciudadanos que posean condenas ratificadas por tribunales de alzada en delitos de gravedad institucional. El texto abarca desde actos de corrupción y malversación de fondos estatales hasta crímenes de narcotráfico, trata de personas y abusos, fijando un límite ético a la competencia electoral.
Una de las innovaciones de este proyecto es la inclusión de los morosos en el pago de cuotas alimentarias dentro de la lista de personas restringidas para postularse. Según los autores de la medida, esta cláusula busca trasladar el modelo de control que ya rige en la provincia de Santa Fe al ámbito nacional. La restricción comenzaría a regir desde la confirmación de la sentencia por una instancia superior y se extendería hasta una década después de haberse extinguido la condena, dejando en manos de la Justicia Electoral la validación de cada lista de candidatos.
La intención de reflotar este debate surge tras el controvertido rechazo que la norma sufrió en la Cámara Alta durante 2024. En aquel momento, la propuesta no alcanzó el apoyo necesario por apenas un voto, en medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el sector mayoritario de la oposición. Mientras algunos bloques denunciaron pactos de impunidad para permitir candidaturas de figuras con procesos judiciales abiertos, el Gobierno se desmarcó señalando que otros sectores buscaban réditos partidarios apresurados antes de los comicios.
Desde la bancada de Scaglia argumentan que la idoneidad para ejercer el poder no es un derecho absoluto y debe estar supeditada al respeto por la legalidad vigente. El proyecto se apoya en legislaciones comparadas de países como Brasil o España para justificar la razonabilidad de las limitaciones. En un clima de alta fragmentación parlamentaria, el nuevo intento de sancionar la “Ficha Limpia” pone nuevamente a prueba las alianzas entre el PRO, la UCR y la estructura libertaria, en un contexto donde la transparencia institucional vuelve a ser el eje de la discusión política.
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