El ejecutivo acata un fallo judicial y desembolsará más de 72 mil millones de pesos en planes sociales

El Gobierno desembolsará 72 mil millones de pesos en mayo para cumplir con el programa “Volver al Trabajo” tras un fallo judicial. Aunque apeló la medida, Capital Humano acatará el pago, lamentando que la orden frene su reforma del sistema asistencial.

Sandra Pettovello. Foto: NA.

A raíz de una determinación del magistrado federal Adrián González Charvay, la administración nacional se verá obligada a liquidar los fondos destinados al Programa Volver al Trabajo a comienzos del próximo mes. Esta medida judicial interviene en la reestructuración de la asistencia social que venía ejecutando el Ministerio de Capital Humano, exigiendo que se mantengan los depósitos mensuales para una nómina que supera el millón de beneficiarios provenientes del antiguo Potenciar Trabajo. Aunque la cartera que lidera Sandra Pettovello ya formalizó una apelación contra esta resolución, el Gobierno confirmó que cumplirá con la transferencia de los haberes a través del Banco Nación para evitar incurrir en desacato, a pesar de manifestar su rotundo desacuerdo con la intromisión del Poder Judicial en el diseño de las políticas públicas.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que esta cautelar, impulsada originalmente por agrupaciones vinculadas a la economía popular, paraliza temporalmente la transición hacia un modelo basado en la formación laboral y la terminalidad educativa. Para los funcionarios de La Libertad Avanza, la obligación de continuar con el esquema de pagos directos sin las contraprestaciones diseñadas recientemente representa una prolongación del asistencialismo tradicional, lo cual obstaculiza el proyecto oficial de implementar vouchers de capacitación y fortalecer la doble jornada escolar en sectores vulnerables. Mientras aguardan que una instancia superior revierta el fallo, el Ejecutivo lamentó que la justicia condicione el destino de las partidas presupuestarias, argumentando que este tipo de sentencias cristaliza la situación de pobreza en lugar de fomentar la inserción de los ciudadanos en el mercado laboral formal.

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