Una adolescente de 13 años con discapacidad murió ahogada en la pileta de un centro terapéutico de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, tras permanecer sin supervisión durante varios minutos. La Justicia investiga el caso como homicidio culposo y ha imputado al menos a tres personas del personal.
La muerte de Renata Victoria Aris Fajka, ocurrida el pasado sábado en el centro AUPA, derivó en una causa penal por homicidio culposo. La víctima, quien padecía Trastorno del Espectro Autista (TEA) y limitaciones motrices severas, asistía a una jornada recreativa cuando quedó sumergida sin asistencia profesional. La fiscalía número 10 de Escobar tomó intervención inmediata tras la denuncia familiar.
Registros de seguridad del establecimiento, ubicado en la calle Mendoza al 100, resultaron determinantes para la reconstrucción del hecho. Las imágenes mostrarían el ingreso de seis menores a la piscina. Según los testimonios judiciales recabados, la adolescente permaneció debajo del agua durante media hora sin que los encargados de la vigilancia advirtieran su ausencia.
Ignacio Aris, padre de la menor, sostuvo que su hija requería supervisión permanente debido a que tenía el hemisferio izquierdo de su cuerpo prácticamente inmovilizado.
El personal de la institución inicialmente reportó una presunta descompensación, pero la familia descartó esta versión, fundamentada en la falta de respuesta inmediata de los guardavidas presentes.
La justicia imputó a una guardavidas de 22 años y a dos cuidadores por el presunto incumplimiento de sus deberes. La investigación busca determinar la responsabilidad directa de quienes debían custodiar la integridad física de los pacientes en el agua.
A pesar del proceso legal y la gravedad del suceso, el centro terapéutico mantiene sus actividades habituales, situación que generó reclamos por parte de los allegados a la víctima.
Ángeles, tía de la joven, denunció públicamente que el personal se encontraba distraído con dispositivos móviles en el momento del incidente. Tras el hallazgo del cuerpo, realizaron maniobras de reanimación y el posterior traslado a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) local, donde los médicos confirmaron que la menor ingresó sin signos vitales.
El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de los protocolos de seguridad en espacios dedicados a la discapacidad. La familia de Aris Fajka manifestó que existían advertencias previas sobre deficiencias en el cuidado, las cuales no fueron atendidas por las autoridades del centro. La falta de comunicación oficial por parte de AUPA tras la tragedia incrementó la tensión con los damnificados.
Este suceso plantea interrogantes sobre la fiscalización de estos establecimientos especializados. ¿Resultan suficientes los controles vigentes para garantizar la vida de pacientes con movilidad reducida en ámbitos acuáticos? La resolución judicial de las imputaciones será clave para establecer un precedente sobre la responsabilidad civil y penal en el cuidado de personas con necesidades especiales.
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