La justicia mendocina investiga a dos enfermeros y padres por falsificar certificados de vacunación infantil. La maniobra buscaba simular el cumplimiento del calendario obligatorio para mantener beneficios sociales, poniendo en riesgo la salud pública y cometiendo presunto fraude al Estado.
La Justicia mendocina inició una serie de actuaciones para desarticular una trama delictiva que involucra a personal sanitario y a padres de posturas antivacunas, acusados de adulterar registros oficiales de inoculación pediátrica. El fiscal Juan Gabriel Ticheli, de la Unidad de Delitos Económicos, lidera la pesquisa que busca confirmar si se efectuaron sobornos a dos enfermeros del departamento de Las Heras para cargar datos inexistentes en el sistema informático de salud. El fraude fue descubierto por un médico de San Rafael, quien notó que niños que residían en su zona y cuyos tutores rechazaban la medicina tradicional figuraban como vacunados en un dispensario ubicado a más de 200 kilómetros de sus hogares. Mediante este engaño, las familias lograban simular el cumplimiento de la ley nacional de vacunación obligatoria, requisito indispensable para evitar sanciones legales y garantizar la continuidad en el cobro de diversas asignaciones y programas de asistencia social. Tras diversos operativos y registros en domicilios y dependencias sanitarias, las autoridades evalúan imputar a los implicados por malversación de fondos públicos y cohecho, mientras advierten sobre el grave riesgo sanitario que supone privar a los menores de coberturas contra patologías como la poliomielitis, el sarampión o la meningitis en un contexto de caída en las tasas de cobertura nacional.
Tras once días de veda total, el Gobierno permitió este lunes el regreso de los periodistas acreditados a Balcarce 50. Sin embargo, se prohíbe circular por los pasillos y el Patio de las Palmeras. Adorni dará una conferencia de prensa para explicar los cambios.
La Provincia de Buenos Aires aplicó desde este lunes un aumento extraordinario del 11,16% en todas las líneas provinciales y municipales del Conurbano. El incremento afecta a más de 4,5 millones de pasajeros diarios y lleva el boleto mínimo cerca de los $753.
La industria de la IA abandona su fachada altruista al formalizar pactos bélicos con el Pentágono y priorizar el lucro sobre la ética. Entre juicios de magnates y sistemas de vigilancia masiva, la tecnología se consolida como una herramienta de control.
Tony Janzen Valverde Victoriano fue extraditado desde Perú por el triple femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela. Acusado de tortura y asesinato en una venganza narco, será indagado en Morón mientras familiares exigen justicia ante la brutalidad del crimen.
ANSES incrementó jubilaciones, pensiones y asignaciones un 3,38% en mayo, basándose en la inflación de marzo. El haber mínimo sube a $393.174, alcanzando los $463.174 tras sumarse el bono de 70 mil pesos confirmado por el Gobierno para compensar el desfasaje.
El Gobierno reguló la venta de vapeadores y nicotina para controlar un mercado informal masivo. La normativa prohíbe saborizantes para proteger a menores, exige registros sanitarios y aplica impuestos, buscando reducir riesgos cardiovasculares y oncológicos mediante la fiscalización estatal directa.
El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, reduciendo contribuciones patronales por cuatro años a quienes contraten desempleados. Tras el aval judicial, la medida busca fomentar el empleo registrado con beneficios fiscales gestionados por ARCA y Capital Humano.
Ocho futbolistas denunciaron al DT Diego Guacci por acoso, abuso y hostigamiento en el Senado. Mientras las víctimas alertan sobre el peligro que representa el entrenador, este inició demandas millonarias contra ellas y periodistas, desatando una batalla judicial y mediática.
