El Ministerio de Salud provincial denunció una red que cargaba datos falsos en el sistema oficial para familias antivacunas. La maniobra, orquestada desde un centro de salud, permitía simular el cumplimiento del calendario obligatorio a cambio de dinero.
Una grave investigación judicial sacude a la provincia de Mendoza tras descubrirse una red de venta de certificados de vacunación apócrifos. Familias pertenecientes a movimientos antivacunas pagaban sumas de entre $160.000 y $220.000 para que sus hijos figuraran en el sistema oficial (SISA) como inmunizados, sin haber recibido nunca las dosis obligatorias.
La maniobra salió a la luz gracias a la perspicacia de un pediatra de San Rafael, quien detectó que varios de sus pacientes —hijos de padres con conocida postura antivacuna— aparecían con el calendario completo en los registros nacionales. La trazabilidad reveló que todos los registros provenían del Centro de Salud N°22 de El Pastal, en Las Heras, ubicado a más de 250 kilómetros de donde residían los menores.
El “Plan V”: el circuito del fraude
Plataforma: La red se organizaba a través de grupos de WhatsApp.
Clave de acceso: El servicio se identificaba bajo el nombre clave “Plan V”.
Tarifas: $160.000 por certificados simples y un adicional de $60.000 para esquemas de dosis obligatorias.
Finalidad: Evitar multas, sanciones judiciales y asegurar el cobro de asignaciones y la escolaridad.
El pasado jueves 30 de abril, la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, ordenó seis allanamientos en las localidades de Las Heras y Lavalle. Durante los procedimientos, la policía secuestró:
Más de 160 certificados de vacunación.
Sellos oficiales de diversos centros de salud.
Dispositivos de almacenamiento, celulares y computadoras.
Recetarios médicos en blanco.
Aunque todavía no hay detenidos, el foco de la justicia está puesto en un enfermero del centro de salud involucrado, quien habría sido el encargado de manipular el sistema informático estatal para ingresar las cargas fraudulentas.
En Argentina, la vacunación es obligatoria por la Ley 27.491. Las autoridades sanitarias advirtieron que esta maniobra no solo constituye un delito de cohecho y violación de normas de salud pública, sino que pone en riesgo la inmunidad colectiva. “Los padres pagaron para que sus hijos no fueran protegidos contra enfermedades como la poliomielitis, el neumococo o el rotavirus”, señaló Sandra Gómez, funcionaria del Ministerio de Salud mendocino.
Esta semana, el pediatra que denunció el hecho prestará declaración testimonial ante el fiscal. La causa busca determinar el alcance total de la red y si existen otros centros de salud o profesionales implicados en este circuito que permitía saltear los controles sanitarios obligatorios.
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