Lula regula plataformas digitales por decreto y fija sanciones

Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el gobierno brasileño oficializó este miércoles regulaciones estrictas para las redes sociales, otorgando facultades sancionatorias a la agencia de datos frente a contenidos delictivos e inacción de las empresas tecnológicas.

Lula asume el control de las redes sociales. Foto: Web.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó dos decretos que reforman la regulación de las redes sociales en el país. Las medidas buscan obligar a las grandes empresas tecnológicas a moderar de manera proactiva contenidos delictivos y agilizar la eliminación de publicaciones que promuevan la violencia de género o estafas financieras.

La nueva normativa se diseñó para operativizar una sentencia previa del Supremo Tribunal Federal, la cual amplió la responsabilidad civil de las empresas tecnológicas por las publicaciones de terceros. Con estas firmas, el Poder Ejecutivo busca subsanar la falta de especificidad legal sin necesidad de someter la reforma a la aprobación del Congreso Nacional.

Nuevas obligaciones operativas

Las plataformas digitales que operan en territorio brasileño deberán implementar canales de denuncia de fácil acceso para casos de exposición íntima no consentida. El texto establece un límite de dos horas para el retiro del aire de dicho material tras recibir la notificación de la víctima.

Asimismo, las empresas que comercializan publicidad digital tendrán la obligación de almacenar los registros de los anunciantes. Esta disposición pretende facilitar el rastreo judicial de los responsables en casos de fraudes financieros o redes artificiales dedicadas a la propagación de engaños.

Las disposiciones excluyen explícitamente a los servicios de mensajería privada como WhatsApp, el correo electrónico y las aplicaciones de videoconferencia, debido a las garantías constitucionales que protegen la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos.

El nuevo rol de la ANPD

La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) asumirá la función de organismo regulador del entorno digital. Esta entidad, vinculada al Ministerio de Justicia, contará con la atribución de aplicar sanciones administrativas ante incumplimientos sistémicos, con penalizaciones que pueden alcanzar el 10% de la facturación del grupo económico en el país.

El organismo experimentó una reestructuración interna para incorporar personal técnico y dotarse de autonomía financiera y de decisión. Los directores de la entidad regulatoria son designados por la Presidencia de la República y ratificados mediante audiencias en el Senado Federal.

Especialistas en derecho digital advirtieron sobre las dificultades prácticas que enfrentará la institución para fiscalizar la moderación de contenidos de forma simultánea a sus tareas originales de privacidad.

Desafíos institucionales en el horizonte

El marco normativo otorgará un período de 60 días para la entrada en vigor de las reglas antes de la aplicación de fiscalizaciones directas.

¿Logrará una agencia técnica procesar el volumen de la moderación digital sin incentivar una remoción preventiva que afecte la libertad de expresión de los usuarios, o prevalecerá la inercia institucional ante la acumulación de competencias regulatorias?

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