Mediante una medida cautelar, el Juzgado Federal Número 2 de San Martín interrumpió la reestructuración del INTI. La decisión interrumpió la baja de prestaciones industriales y blindó los puestos de trabajo de la planta afectada.
Mediante una medida cautelar, el Juzgado Federal Número 2 de San Martín interrumpió la reestructuración del INTI. La decisión interrumpió la baja de prestaciones industriales y blindó los puestos de trabajo de la planta afectada.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Número 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspendió parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El fallo, firmado por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lugar al reclamo presentado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó frenar el cese de actividades técnicas y administrativas dentro del organismo encargado del desarrollo tecnológico industrial.
La resolución oficial, publicada originalmente el 16 de abril de este año, estipulaba la baja inmediata de un esquema de prestaciones que las fuentes gremiales estimaron en casi 1000 servicios, equivalentes al 30% del funcionamiento de la institución.
Las autoridades del consejo directivo del INTI argumentaron en los considerandos de la norma que la medida buscaba optimizar los recursos públicos mediante la eliminación de tareas con baja demanda efectiva o que se superponían con la oferta del sector privado.
El dictamen judicial obligó a la conducción del instituto a abstenerse de ejecutar desvinculaciones de personal, transferencias de funciones o movimientos de equipamiento técnico.
De esta manera, el magistrado ordenó garantizar la ocupación efectiva de los agentes afectados, manteniendo sus categorías y niveles de remuneración vigentes al 14 de abril de 2026. Asimismo, la Justicia dispuso la continuidad operativa de los programas estatales de asistencia técnica, ensayos y certificaciones.
Entre las prestaciones alcanzadas por la normativa suspendida se encontraban los controles microbiológicos en alimentos para la detección de bacterias como Salmonella y E. coli, análisis de potabilidad del agua, calibración de instrumentos de metrología y ensayos de seguridad para componentes de transporte y construcción.
Los sectores gremiales advirtieron que la interrupción de estas líneas de trabajo ponía en riesgo capacidades estratégicas de soporte para las pequeñas y medianas empresas locales.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, defendió la sustentabilidad del organismo y manifestó que los servicios que realiza el instituto son abonados por las firmas privadas, por lo que calificó a la entidad como superavitaria. La defensa legal del gremio consideró el fallo judicial como un paso fundamental contra lo que definieron como un desmantelamiento de las órbitas del Estado.
La decisión de la Justicia Federal estableció un freno provisorio a las políticas de simplificación administrativa impulsadas por el Poder Ejecutivo, mientras las instancias correspondientes evalúan el debate de fondo sobre la legalidad y el alcance de la reestructuración estatal.
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