Operación “Tierra Milagrosa” detuvo a dos personas acusadas de regularizar ilegalmente a 4.000 migrantes en Lisboa, mediante el uso de claves robadas de la Seguridad Social y la creación de contratos laborales falsos.
Operación “Tierra Milagrosa” detuvo a dos personas acusadas de regularizar ilegalmente a 4.000 migrantes en Lisboa, mediante el uso de claves robadas de la Seguridad Social y la creación de contratos laborales falsos.
Efectivos de la Policía Judicial (PJ) de Portugal desmantelaron un grupo criminal dedicado a la falsificación de documentos, el fraude informático y el blanqueo de capitales. El operativo, concentrado en las localidades de Oeiras y Odivelas, en las afueras de Lisboa, concluyó con el arresto de dos presuntos cabecillas de la organización.
Los detenidos son un abogado portugués de 56 años y un empresario extranjero de 53 años, ambos con antecedentes penales por delitos similares. La investigación penal comenzó en septiembre de 2023, bajo la dirección del Departamento Regional de Investigación y Acción Criminal (DIAP) de Coimbra, en estrecha colaboración con la Unidad de Inspección del Centro de la Seguridad Social.
Según informaron las autoridades lusas, los sospechosos utilizaban contraseñas de acceso al sistema de Seguridad Social Directa, las cuales sustrajeron a decenas de compañías insolventes o inactivas. A través de este mecanismo informático, el grupo emitió contratos de trabajo falsos, números de identificación fiscal y registros de cotizaciones inexistentes para simular un historial laboral legal.
La trama delictiva generó pérdidas significativas para el Estado. La creación de estos perfiles fraudulentos derivó en una deuda acumulada con la Seguridad Social de aproximadamente 10 millones de euros, mientras que la red obtuvo cientos de miles de euros en beneficios económicos ilícitos cobrados a los migrantes en sus países de origen y a su llegada al territorio portugués.
Paralelamente, los investigadores constataron que una parte considerable de los 4.000 ciudadanos extranjeros inscritos en el esquema ni siquiera residía en Portugal. Estas personas figuraban formalmente como trabajadores y residentes locales, pero permanecían en otros países de la Unión Europea.
Durante los cuatro allanamientos realizados el lunes, las fuerzas de seguridad incautaron soportes informáticos, dinero en efectivo, documentación vinculada al trámite migratorio fraudulento y un arma prohibida.
El endurecimiento de los controles institucionales coincidió con las medidas promovidas por el actual gobierno de centroderecha, el cual limitó los accesos laborales previos para frenar abusos en el sistema.
La semana anterior, la Fiscalía General de Coimbra también imputó a 31 personas por asociación ilícita, mientras que en la parroquia de Santo António dos Cavaleiros se detectaron otros 800 certificados falsificados. Los dos detenidos de la operación actual comparecerán ante el juez de instrucción para la aplicación de las medidas coercitivas correspondientes.
Las derivaciones de este operativo exponen las vulnerabilidades informáticas de los sistemas de previsión social europeos frente a redes transnacionales especializadas.
El uso de identidades corporativas de firmas en quiebra plantea interrogantes sobre la capacidad de fiscalización oportuna en los procesos de regularización laboral. ¿Representan estas detenciones un cambio estructural en la política migratoria de la región, o evidencian la necesidad de una reforma informática más profunda en los organismos de control estatal?
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